El concejal del Partido Popular Carlos Tarife, llevó al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una moción para rechazar el Real Decreto 316/2026, para la regularización extraordinaria de personas migrantes, y pedir su retirada y tramitación como ley en el Congreso.
Tarife hiló su intervención desde la memoria familiar y destacó que, a su juicio, el decreto “carece de sentido común”, incentiva las “colas de la vergüenza” y condena a los ayuntamientos a un “caos permanente” sin recursos para afrontar certificados de vulnerabilidad y presión sobre los servicios sociales.
Rechazo al centro de la moción
Pese al tono emotivo y al vínculo con la historia migratoria canaria, el concejal popular no logró alinear a sus socios de gobierno ni al resto de la corporación detrás del núcleo duro de su propuesta.
Tras el debate la moción se votó por puntos y solo el primero y el cuarto salieron adelante; el corazón político del texto, el que pedía retirar el decreto y cuestionaba el modelo de regularización, fue tumbado en el salón de plenos.
Vox reclama ir más lejos
Alejandro Gómez, portavoz de Vox, aprovechó la moción del PP para reivindicar que su grupo “no estaba tan equivocado” cuando, dos meses antes, ya había llevado al pleno una iniciativa más dura contra la regularización extraordinaria.
Recordó que entonces se les acusó de exagerar, mezclar inmigración legal e ilegal y plantear medidas “xenófobas”, y reprochó a los populares que ahora asuman como preocupación institucional cifras y argumentos que antes rechazaban.
El PSOE defiende la regularización
Desde la oposición, la concejal socialista, Elena Mateo, desmontó el eje jurídico de la moción popular y acusó al PP de “mezclar fuentes del derecho” para alimentar confusión y alarma. Recordó que la Ley de Extranjería 4/2000 habilita expresamente autorizaciones de residencia por arraigo y circunstancias excepcionales, y que el Real Decreto 316/2026 no es una ley encubierta, sino una modificación reglamentaria de un texto ya existente.
Mateo subrayó que el procedimiento ha sido avalado por el Consejo de Estado, sometido a los trámites habituales y consultado con comunidades autónomas, ciudades y la FEMP. Además, recordó al PP que el Gobierno de José María Aznar también recurrió a un real decreto para una regularización en el año 2000, por lo que cuestionó que ahora se critique una herramienta que fue asumida por los conservadores cuando estuvieron en La Moncloa.
"Pizquita de racismo, xenofobia y aporofobia"
La portavoz socialista acusó a Tarife de querer mantener a estas personas “invisibles”, pese a que ya viven, trabajan y consumen en el municipio.
Además, defendió que la regularización no es masiva, sino “expediente por expediente”, y contrapuso la situación de quienes acreditan arraigo y vulnerabilidad con figuras como la “Golden Visa”, que permitía residencia por inversión sin exigir integración ni arraigo social. Para Mateo, detrás de muchos de los discursos que rechazan la medida late “una pizquita de racismo, xenofobia y aporofobia”.
Coalición Canaria marca distancia
El portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estébanez, caminó sobre la fina línea entre la crítica al Gobierno de España y el rechazo a la moción de su socio de gobierno. Admitió “sin matices” que la política migratoria estatal hacia Canarias ha sido “nefasta o inexistente” y habló de errores y “horrores” en control de fronteras, atención a menores y recursos para las islas.
Recordó que Canarias ha sido “efecto colateral de una guerra política mezquina” y que también algunas autonomías gobernadas por el PP “no han estado a la altura” en solidaridad.
Sí, pero no
Sin embargo, Díaz Estébanez rechazó que se pudiera traducir el posicionamiento político del pleno en un titular del tipo “Santa Cruz rechaza la regularización de inmigrantes”, algo que consideró “ni justo ni cierto”.
Alegó razones de humanidad, seguridad jurídica, economía y dignidad para no apoyar una moción que, a su juicio, pone en cuestión la propia regularización de personas que ya están en la ciudad y cuya alternativa, si no se les ofrece salida legal, pasa por el empleo sumergido o la delincuencia.
Votación fragmentada
El alcalde, José Manuel Bermúdez, sometió la moción a votación en cuatro bloques, aceptando la propuesta de Díaz Estébanez para separar los puntos. El primer punto, de carácter más genérico, fue aprobado; el segundo y el tercero, que reclamaban retirar el decreto y cuestionaban la regularización en los términos planteados por Tarife, fueron rechazados al no sumar mayoría. El cuarto volvió a salir adelante, pero ya despojado de la carga política que el PP pretendía imprimir al conjunto del texto.
En la práctica, Santa Cruz critica la gestión del Estado, señala carencias de recursos y exige que la carga sobre los servicios municipales no se agrave, pero no se posiciona contra la regularización extraordinaria en sí misma.