Santa Cruz de Tenerife lleva años hablando de personas sin hogar, pero esta vez la comparecencia de la concejala de Políticas Sociales, Rosario González, ha querido matizar que no necesariamente hay muchas más personas durmiendo en la calle, sino que la situación de muchas de ellas se ha vuelto más visible, más frágil y más difícil de resolver.
“Los datos reflejan que realmente no tenemos un aumento total en el número de personas que atendemos”, ha asegurado la concejal durante la Comisión de Control en el Ayuntamiento capitalino, respondiendo a la inquietud de vecinos y grupos municipales. En 2024, según sus cifras, se atendió a más personas que en 2025, y será al cierre de 2026 cuando pueda hacerse una comparativa completa de los últimos tres años.
Más patologías de salud mental
Sin embargo, la percepción ciudadana de que hay más gente en la calle no es, para González, algo que deba ignorarse.
La explicación que ofrece la concejal apunta a un cambio en el perfil de las personas atendidas, haciendo referencia a un aumento de patologías de salud mental que provoca que la exclusión se vea más, se sufra más y genere más conflictos de convivencia en espacios públicos.
44 mayores siguen esperando
Entre las cifras facilitadas, una llama especialmente la atención y es la que gira en torno a 44 personas mayores de 65 años, personas que tienen una plaza reconocida por la Ley de Dependencia, pero continúan siendo atendidas en recursos municipales destinados a personas sin hogar.
La concejala ha explicado que ha enviado una carta a la consejera competente para pedir “mayor respuesta y mayor agilidad”, porque considera que esas personas deberían estar siendo atendidas en el ámbito sociosanitario, no en un recurso municipal de acogida.
Más problemas de salud mental en la calle
Charín González ha señalado un aumento cercano al 20% en las problemáticas de salud mental detectadas entre personas en situación de calle. Por eso ha insistido en que el Ayuntamiento no puede resolverlo solo y ha reclamado una implicación mayor del Servicio Canario de Salud, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Como avance, ha destacado la puesta en marcha hace menos de tres meses de una unidad móvil de atención a la salud mental, en colaboración con Médicos del Mundo, para acercar la atención a personas sin hogar con este tipo de patologías. Aún es pronto para valorar resultados, reconoce, pero considera que responde a una demanda histórica del municipio.
51 salidas y 35 personas fuera de la calle
La edil ha querido defender también el trabajo municipal con datos, señalando que durante 2026, 51 personas han logrado salir de recursos alojativos tras su proceso de intervención y 35 personas han dejado de pernoctar en la calle para pasar a recursos alojativos municipales.
“Este trabajo da resultados”, ha sostenido, aunque ha admitido que no es suficiente. Para ella, la clave está en coordinar Policía Local, servicios sociales, salud, justicia y otras administraciones, especialmente cuando aparecen situaciones de riesgo o conflictos vecinales.
Descentralizar el albergue: proyecto a largo plazo
Otro de los asuntos centrales ha sido la descentralización del Centro Municipal de Acogida, que actualmente concentra más de 100 plazas residenciales y genera tensiones en su entorno, próximo a un centro escolar.
La concejala ha evitado prometer plazos cortos. Ha reconocido que no será una cuestión que se resuelva en 2027, sino un trabajo a largo plazo, vinculado para dentro de cuatro años al próximo contrato de atención a personas sin hogar, que sí contemplará la diversificación de recursos.
¿Cuándo puede intervenir el Ayuntamiento?
La comparecencia también ha dejado un choque de enfoques si se tiene en cuenta que desde Vox se ha pedido más agilidad judicial y más capacidad de actuación ante personas con limitaciones cognitivas o problemas graves de salud mental que viven en la calle. Mientras que, desde el Grupo Socialista, en cambio, se ha advertido del riesgo de pedir a la Justicia que “incapacite” a personas solo porque su situación preocupa o incomoda. La respuesta, han defendido, debe pasar por intervención social, inserción, salud mental y programas específicos, no solo por medidas coercitivas.
González ha cerrado la intervención con una advertencia que resume buena parte del debate: hay que atender a la persona, pero también distinguir entre la preocupación legítima por su seguridad y la aporofobia, el rechazo a quienes viven en pobreza o exclusión social.
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