El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este lunes que mantendrá abiertas las vías administrativas, judiciales y municipales para tratar de proteger el conjunto monumental de Juan de Ávalos, conocido popularmente como Monumento a Franco, después de que el Gobierno de Canarias haya decidido no declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).
Según ha informado el consistorio en un comunicado, la no declaración como BIC "no impide al ayuntamiento ejercer sus competencias en materia de patrimonio ni adoptar medidas propias de conservación y catalogación".
Vías
Entre las vías abiertas figura el recurso de alzada presentado contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que ordena la retirada del monumento, todavía pendiente de resolución. En ese recurso, el ayuntamiento solicita además "la suspensión cautelar del desmontaje" al considerar que podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos.
El consistorio también mantiene la posibilidad "de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa" tras conocerse el decreto del Gobierno de Canarias y apuesta por estudiar la protección del conjunto "a través del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife", actualmente en tramitación. El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico acordó el pasado 27 de julio proponer que se valore su inclusión en este catálogo como elemento urbano con protección integral.
Declararlo BIC
El anuncio se produce después de que el Boletín Oficial de Canarias haya publicado este lunes la decisión de no declarar BIC la escultura. El procedimiento se inició después de que una sentencia obligara al Cabildo de Tenerife a incoar el expediente. Durante su tramitación se emitieron "informes enfrentados" y se presentaron 42 alegaciones, cinco favorables a la declaración, 31 en contra y seis sin una posición concluyente.
Finalmente el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias rechazó la declaración con 16 votos en contra, ninguno a favor y una abstención. La ausencia de un informe favorable de este órgano impidió al Gobierno autonómico aprobar la declaración. El decreto ordena además "cancelar la anotación preventiva del monumento" en el Registro General de Bienes de Interés Cultural. La resolución puede recurrirse en reposición en el plazo de un mes o ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en dos meses.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.