El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará este próximo lunes, 20 de julio, en Junta de Gobierno una sanción de 25.001 euros a la empresa adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, tras estimar parcialmente una reclamación presentada por la compañía.
Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, explicó en Atlántico Hoy, que, Inicialmente, se había fijado una penalización en 30.000 euros a la UTE Acciona-Fomento al considerar los hechos como una infracción “muy grave”, ya que entregaron una documentación para la redacción del nuevo contrato de Parques y Jardines que no se ajustaba a la realidad.
Errores detectados
Entre los errores detectados figuraban discrepancias en antigüedades, categorías profesionales y tablas salariales, además de la omisión del convenio colectivo vigente, elementos clave para calcular los costes laborales del servicio.
Estas irregularidades salieron a la luz durante la exposición pública del contrato, tras la alerta del sindicato UGT y de los propios trabajadores, que advirtieron de que los datos no coincidían con las condiciones reales de la plantilla, como así lo publicó Atlántico Hoy el pasado 7 de marzo. El impacto potencial iba más allá del presupuesto, ya que podía afectar a la subrogación de los empleados e incluso abrir la puerta a recortes de personal.
Procedimiento ancionador
En este contexto, el Ayuntamiento decidió no solo suspender la licitación, sino también iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa. Inicialmente, la multa se fijó en 30.000 euros.
Sin embargo, la empresa recurrió la cuantía apoyándose en una sentencia que obliga, en caso de primera sanción por este tipo de incumplimiento, a aplicar el tramo inferior. De este modo, el Consistorio se ha visto obligado a ajustar la penalización al mínimo del rango superior al leve, fijándola en 25.001 euros. “Nos parecía muy grave, pero jurídicamente tenemos que ir al primer tramo”, explicó el concejal Carlos Tarife.
Rechazó una reunión previa
El edil defendió la actuación municipal y rechazó cualquier insinuación de trato de favor hacia la concesionaria. “Cuando hay incumplimientos, se aplican deducciones o sanciones”, afirmó, en respuesta a las críticas de la oposición.
Además, Tarife confirmó que ha rechazado reunirse con la empresa antes de la resolución definitiva del expediente sancionador. Según detalló, la adjudicataria solicitó un encuentro para justificar los errores detectados, pero el concejal considera que “no es ético” mantener ese contacto antes de imponer la sanción.
A la espera del nuevo contrato
Una vez aprobada la penalización por la Junta de Gobierno, el responsable municipal se mostró dispuesto a mantener reuniones con la empresa para abordar la situación.
Mientras tanto, el servicio seguirá en manos de la misma UTE en régimen de prórroga, a la espera de que el Ayuntamiento culmine la redacción del nuevo contrato que sustituirá al procedimiento fallido.
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