El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está preparando una nueva licitación para el servicio municipal de grúas, responsable de la retirada, inmovilización, traslado y depósito de vehículos en la ciudad. El actual contrato, vigente desde 2014 y cuya concesión tiene Grúas Cuchi, debe ser sustituido y el consistorio afronta la necesidad de modificar su estructura económica, ya que el modelo previsto en los pliegos redactados en 2012 no cumple con posteriores exigencias europeas en materia de contratación pública.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que traspone al ordenamiento español las directivas comunitarias, obliga a que en las concesiones el riesgo operacional recaiga sobre la empresa adjudicataria. Esto significa que debe ser la concesionaria, y no el ayuntamiento, quien asuma el riesgo de que la demanda real del servicio o sus ingresos no alcancen las previsiones.
Renuncia a 711.457 euros
Por ese motivo, el consistorio ha elaborado un estudio de viabilidad económico-financiera que analiza el coste real del servicio y proyecta sus resultados para la próxima década. Este documento, previo a la nueva licitación, introduce un cambio de modelo que reduce considerablemente la previsión de ingresos municipales por pasar del cobro de un canon porcentual del 13,45% a una cifra fija anual, independientemente de lo que ingrese la concesionaria. En concreto, se renunciaría a 711.457 euros, según un cálculo elaborado por Atlántico Hoy en base a los supuestos económicos incluidos en el estudio para los 10 años de vida del contrato.
Esa cantidad, por ende, pasaría a percibirla la empresa, siempre y cuando las previsiones económicas se cumplan. No obstante, esta fórmula hará que, de no cumplirse, quien asuma el riesgo sea la compañía que resulte adjudicataria, mientras que los ingresos del ayuntamiento se mantendrán estables a través de un canon fijo durante toda la vida del contrato.
La cantidad podría ser muy superior
En los párrafos posteriores se detallarán exáctamente los cálculos que se han realizado para calcular esta renuncia. No obstante, conviene resaltar que están realizados conforme a unas previsiones de ingresos elaboradas por el Ayuntamiento de Santa Cruz que, según los cálculos del propio consistorio en 2024, son cuatro veces inferiores a lo que se prevé recaudar cuando la ciudad cuente por fin con una Ordenanza de Movilidad actualizada.
En abril de 2024, Atlántico Hoy adelantó que la recaudación del ayuntamiento en concepto de canon a la concesionaria del servicio de grúas (Grúas Cuchi) era cada año en torno a 300.000 euros menos de lo que el consistorio preveía (el consistorio venía recaudando anualmente en torno a 100.000 euros por este canon). Cuando la concejal de Movilidad, Purificación Dávila, fue preguntada sobre por qué se estaba previendo muy por encima de lo que finalmente se recaudaba, esta contestó que era "como consecuencia del retraso de la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, que permite ampliar los supuestos y causas de inmovilización y retirada de vehículos de las vías urbanas".
Es decir, el consistorio chicharrero esperaba entonces que, cuando por fin haya una Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, se cuadrupliquen los ingresos de las gruas. La previsión aportada en el estudio de viabilidad económica para la nueva licitación no varía exponencialmente lo que se venía recaudando hasta ahora, por lo que hay que asumir que no prevé este incremento de retiradas de vehículos por una hipotética nueva ordenanza. Por tanto, la renuncia a los 711.457 euros con el nuevo contrato se calcula manteniendo el ritmo regular de retiradas que venía experimentando Santa Cruz desde hacía años.
Un canon fijo de 50.000 euros
El contrato de grúas de 2014 que está vigente actualmente establecía un canon variable por el que Santa Cruz debía retener un 13,45 % de la recaudación bruta del servicio a Gruas Cuchi, mientras que el resto correspondía a la empresa. Así lo recogía literalmente el pliego: “Dicho canon asciende a la cantidad mínima del 10% de la recaudación bruta del servicio, pudiendo mejorarse esta cantidad en la oferta [La adjudicación final recogió una mejora del 3,45%]”.
Ese sistema desaparecerá con la nueva concesión. El estudio de viabilidad establece que la empresa adjudicataria deberá abonar al ayuntamiento un canon anual fijo de 50.000 euros (medio millón en la década de vida de la adjudicación), independientemente de la facturación real que obtenga. Según el propio documento, “el concesionario estará obligado al pago de un canon anual de 50.000 euros. Con el canon se pretende cubrir el aprovechamiento del dominio público municipal (y, en su caso, del bien patrimonial municipal)…”
El cambio implica que el consistorio renuncia al porcentaje variable y opta por una cantidad fija, más sencilla de gestionar, aunque previsiblemente menor.
El suelo sin coste adicional
Además, el estudio calcula el valor teórico del terreno donde se ubica el depósito municipal, situado en la avenida de la Constitución, y estima que su “utilidad anual” equivaldría a 27.625 euros. El informe menciona que el Servicio de Patrimonio evalúa además la posibilidad de relocalizar el depósito en una parcela alternativa “en las inmediaciones del Pabellón Pancho Camurria”.
Esa valoración del suelo no significa que se vaya a cobrar un alquiler, sino que se trata únicamente de una estimación contable, incluida para reflejar el valor económico del dominio público. En el canon de 50.000 euros ya se considera la compensación global por ese aprovechamiento.
Menos ingresos municipales, más riesgo privado
Según las proyecciones del propio estudio, el servicio registrará en su primer año de concesión unos ingresos de 824.324 euros, con una evolución prevista del 2 % anual. Atlántico Hoy ha reproducido esos cálculos para comparar el impacto de ambos modelos —el antiguo y el nuevo— a lo largo de diez años, aplicando las mismas hipótesis de ingresos, costes y crecimiento.
El resultado muestra una reducción de los ingresos municipales de 711.457 euros en el periodo completo. Con el sistema de 2014, el ayuntamiento habría ingresado unos 1.211.457 euros al final de la próxima década (el 13,45 % de la recaudación acumulada), mientras que con la nueva fórmula percibirá 500.000 euros en total (50.000 anuales).
La empresa, en cambio, verá incrementado su beneficio proyectado: pasará de unos 614.374 euros en diez años si los cálculos se realizasen con el modelo antiguo a 1.016.985 euros con el nuevo. En ambos casos se han mantenido los mismos costes operativos, que ya incluyen los gastos generales del 13 % y el 6 % de beneficio industrial que reconoce el estudio de viabilidad económica.
Cómo se ha realizado la estimación
El cálculo se ha efectuado sobre los datos del propio informe municipal, sin introducir variables ajenas. Se ha considerado la facturación prevista para cada año del contrato que recoge el informe, su crecimiento anual del 2 % y el canon fijo de 50.000 euros para el ayuntamiento.
De este modo, los 711.457 euros que el consistorio dejaría de ingresar son la diferencia entre el total que obtendría manteniendo el 13,45 % variable y el que obtendrá con el canon fijo a lo largo de la próxima década.
Un escenario condicionado al riesgo
Es importante subrayar que estas cifras representan una proyección teórica, basada en la hipótesis de que el servicio funcione según las previsiones. El beneficio estimado para la empresa solo se materializará si la demanda se mantiene o crece y si los costes no se disparan.
El nuevo contrato, precisamente, traslada a la concesionaria el riesgo de que los ingresos no alcancen lo previsto: si hay menos retiradas de vehículos o mayores gastos, los beneficios podrían reducirse o desaparecer. El propio estudio lo expresa así: “La retribución del contratista provendrá de los ingresos que perciba de los usuarios del servicio, asumiendo el riesgo operacional derivado de la explotación.”