Uno de los principales factores que se deben considerar a la hora de analizar las situaciones de exclusión residencial en nuestro país es el incremento que se ha producido en el precio de la vivienda en los últimos años.
El informe FOESSA, presentado recientemente por Cáritas en Canarias, indica que la provincia de Santa Cruz de Tenerife registra un incremento del 29,5% en la cuota mediana del alquiler entre 2018 y 2023, frente al 19,4% de la provincia de Las Palmas.
8% por encima de la media canaria
El precio de un techo en Santa Cruz de Tenerife ya no se mide solo en euros, sino en renuncias. En la capital tinerfeña, alquilar una vivienda se ha convertido en una carrera de fondo para muchas familias que, mes a mes, sostienen como pueden una ciudad que se encarece más rápido que sus salarios.
Según el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias, la cuota mediana del alquiler en el archipiélago ha pasado de 410 euros mensuales en 2018 a 508,3 euros en 2023, un incremento del 24%. Pero en Santa Cruz de Tenerife el golpe es más duro: los datos sitúan la cuota mediana del municipio un 8% por encima de la media canaria, reflejo de una presión que se nota en cada renovación de contrato y en cada búsqueda desesperada en los portales inmobiliarios.
Brecha territorial
La provincia de Santa Cruz de Tenerife encabeza, además, el encarecimiento del alquiler en Canarias, con una subida del 29,5% frente al 19,4% registrado en la provincia de Las Palmas.
Es decir, el mapa del archipiélago revela una brecha territorial clara: no es lo mismo intentar alquilar en Santa Cruz que hacerlo en municipios como Telde o San Cristóbal de La Laguna, donde la cuota mediana se sitúa un 2% por debajo de la media regional.
Ingresos y alquiler
Detrás de estas cifras hay vidas concretas. El informe recuerda que el acceso a una vivienda digna y adecuada es condición básica para la integración social, pero constata que la subida de precios, tanto en compra como en alquiler, avanza a un ritmo superior al de las rentas familiares.
En un contexto de oferta limitada y especulación inmobiliaria, muchos hogares santacruceros se ven obligados a destinar una parte creciente de sus ingresos a pagar el alquiler, reduciendo al mínimo el margen para alimento, salud o educación.
Riesgo de pobreza
Las consecuencias se traducen en más riesgo de pobreza entre quienes viven de alquiler. En Canarias, el riesgo de pobreza afecta solo al 16,4% de la población que reside en vivienda en propiedad, pero se dispara hasta el 38,7% entre quienes viven de alquiler, muy por encima del 24,6% registrado a nivel general en la comunidad.
Las tasas de pobreza son, en todos los regímenes de tenencia, superiores a las del conjunto de España.
Desigualdad
Santa Cruz de Tenerife se inserta en ese escenario como uno de los puntos calientes de la desigualdad residencial. En 2023, la cuota mediana de alquiler en el municipio, junto a la de Las Palmas de Gran Canaria, se sitúa claramente por encima de la media autonómica, mientras que otros municipios mantienen niveles algo más contenidos.
El resultado es un mapa urbano donde el código postal condiciona no solo el precio del techo, sino la distancia a la exclusión.
Derecho a la vivienda
La radiografía que ofrece el informe va más allá del recibo mensual de alquiler. En Canarias, uno de cada tres habitantes, el 33,5% de la población, vive con algún problema de exclusión en la dimensión de la vivienda, y casi una cuarta parte se enfrenta a situaciones de vivienda insegura o inadecuada según la tipología ETHOS (clasificación europea del sinhogarismo).
Hacinamiento, insalubridad, tenencia en precario o amenazas de desahucio forman parte del día a día de miles de personas para las que el hogar es, a la vez, refugio y amenaza.
Mientras tanto, la percepción social apunta a la necesidad de un giro en las políticas públicas. Más de la mitad de la población canaria, un 54%, considera que la administración debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada a toda la población, no solo en caso de necesidad extrema.