Santa Cruz de Tenerife abonó la semana pasada seis millones de euros que debía a la empresa Atende, empresa que ha gestionado hasta ahora el Servicio de Ayuda a Domicilio, y que se ha retrasado en pagar porque durante el último año el contrato ha sido irregular, lo que obligaba al consistorio a declararlo nulo de pleno derecho para poder adquirir obligaciones de pago
Que esos seis millones se abonaron hace una semana es un dato que ha explicado a Atlántico Hoy la concejal responsable del área, Charín González, que también ha recalcado que el consistorio está "tramitando la cuantía que queda pendiente". A finales de 2025, la deuda ascendía a unos 7,2 millones de euros.
El origen de esos 7,2 millones
El origen de esta deuda se sitúa en el vencimiento en noviembre de 2024 del contrato que tenía Atende para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz. La adjudicación original había sido a Clece, pero esta traspasó el contrato a Atende en 2023. Para cuando venció, el contrato ya había agotado dos prórrogas.
A Atende no le compensaba económicamente continuar prorrogando el contrato y éste se dejó vencer sin haber sacado adelante una licitación nueva. Tras el vencimiento, se negoció un acuerdo de extensión del servicio irregular con cuantías económicas incrementadas. Era irregular porque prescindió del procedimiento de licitación legalmente establecido.
Un año irregular
Durante el año que lleva Santa Cruz tratando de sacar adelante su nuevo modelo de ayuda a domicilio, Atende ha continuado prestando el servicio en la ciudad, emitiendo facturas mensuales de aproximadamente 660.000 euros.
Como esta "prórroga tácita" es irregular, porque ha sido negociada a dedo prescindiendo de una licitación, Santa Cruz ha tenido que declarar dicha extensión como nula de pleno derecho para así poder reconocer su obligación legal de pagar el servicio, a hechos consumados.
Contratos nulos para poder pagar facturas
Esta es una estrategia muy común entre las administraciones públicas: realizar un contrato irregular y posteriormente declararlo nulo de pleno derecho para poder pagar las facturas. El Consejo Consultivo de Canarias suele emitir habitualmente dictámenes sobre casos así porque antes de anular un contrato es preceptivo contar con un informe de este órgano. Y el Consejo, de forma sistemática, recuerda en estos dictámenes que esta práctica no es procedente.
De hecho, cuando Santa Cruz de Tenerife declaró nulo de pleno derecho el contrato irregular de Atende para poder pagarle un monto inicial de 1,3 millones de euros de esos 7,2 millones, el organismo afirmó en su informe: "Este Consejo Consultivo no puede sino reiterar la necesidad de que las Administraciones públicas respeten los principios de publicidad y concurrencia que fundamentan la regulación de los contratos administrativos, erradicando las prácticas que los vulneran", ya que no hacerlo "puede suponer, en su caso, un abuso de derecho o fraude de ley" y acarrear "eventuales responsabilidades de orden administrativo o incluso penal en que pudieran incurrir las correspondientes autoridades o personal al servicio de las Administraciones públicas".
Añadía aquel documento que este método de anulación de contratos irregulares para contraer obligaciones de pago "en ningún caso puede erigirse como forma habitual de contratación por parte de las Administraciones públicas", y reclamaba que "esta situación, a todas luces irregular, debe cesar mediante el inicio efectivo del oportuno procedimiento de contratación conforme a las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público".