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Conjunto monumental de Juan de Ávalos, conocido como Monumento a Franco. / ATLÁNTICO HOY - ALBA MARICHAL

Santa Cruz de Tenerife prepara un contencioso por el Monumento a Franco: Bermúdez defiende conservarlo y resignificarlo

El alcalde defiende que la Ley de Memoria Democrática permite mantener el monumento en el espacio público y resignificarlo

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha asegurado este miércoles que el ayuntamiento prepara un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática relacionada con el conocido como Monumento a Franco, situado en la capital tinerfeña. 

Bermúdez ha defendido en una entrevista con Televisión Canaria que aunque se trata de un vestigio franquista, la Ley de Memoria Democrática permite "mantenerlo en el espacio público y resignificarlo". Por este motivo ha insistido en que serán los tribunales "quienes tengan la última palabra" sobre el futuro del conjunto monumental.

Defender el patrimonio

"Hay una orden que nos ha dado el Ministerio, pero no estamos en un sistema de dictadura", ha manifestado el alcalde, quien ha añadido que tiene la obligación de defender el patrimonio de la ciudad "aunque sea un vestigio franquista".

El ayuntamiento ya había dado instrucciones a sus servicios jurídicos para acudir a la vía contencioso-administrativa después de que el Estado rechazara su recurso de alzada contra la resolución que ordena la retirada del monumento.

BIC

Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno de Canarias decidiera no declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto monumental de Juan de Ávalos. El Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias rechazó su protección con 16 votos en contra, ninguno a favor y una abstención.

A principios de agosto, el ayuntamiento anunció que mantendría abiertas las vías administrativas, judiciales y municipales para tratar de proteger la escultura. Según defendió entonces el consistorio en un comunicado, la negativa a declararla BIC no impide que pueda ejercer sus competencias en materia de patrimonio ni adoptar medidas propias de conservación y catalogación.

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyó el monumento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada del espacio público.

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