El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el que pretendía detener la ejecución provisional de la sentencia que anuló el proyecto de carriles bici en la ciudad. La resolución, dictada el pasado 25 de septiembre y notificada a principios de octubre, refuerza la posición de la asociación vecinal Urban Centro El Perenquén, promotora de la demanda, y constituye un nuevo revés judicial para el consistorio, que además deberá asumir las costas del proceso.
El tribunal reafirma que es legalmente posible ejecutar de forma provisional la anulación de una disposición general, como es el caso de las Normas Subsidiarias que sustentaban el plan de movilidad del Ayuntamiento. La sentencia se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que cuando una sentencia anula una norma general, como un planeamiento urbanístico, esta queda expulsada del ordenamiento jurídico, permitiendo su ejecución incluso antes de que sea firme.
Sin ordenanza, no hay carriles bici
Uno de los principales argumentos del tribunal es que no existe ninguna ordenanza municipal que respalde legalmente el desarrollo de una red de carriles bici con carácter permanente. El TSJC rechaza que el Ayuntamiento intente justificar su actuación en disposiciones generales de tráfico, como el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que está pensado para situaciones excepcionales y temporales —como procesiones, eventos o problemas puntuales de contaminación— y no permite establecer infraestructuras urbanas permanentes sin regulación específica.
Además, los magistrados consideran contradictorio que el propio Ayuntamiento iniciara la tramitación de una ordenanza de movilidad, ya que eso implica reconocer la necesidad de un marco normativo específico para implantar este tipo de actuaciones. Por tanto, mientras no se apruebe dicha ordenanza, el proyecto de carriles bici en Santa Cruz queda bloqueado.
No hay perjuicios que justifiquen la suspensión
El TSJC también descarta la existencia de perjuicios irreparables que justificarían suspender la ejecución provisional de la sentencia, manteniéndose en la línea de lo ya establecido en un auto anterior, fechado el 19 de junio de 2025. En consecuencia, la ejecución provisional sigue adelante, lo que impide cualquier avance en el despliegue de la red ciclista sin el soporte legal requerido.
Presión judicial y vecinal sobre la estrategia de movilidad
Esta resolución representa un nuevo obstáculo para el equipo de gobierno que encabeza José Manuel Bermúdez, cuya estrategia de movilidad sostenible ha generado amplio debate en la capital tinerfeña. Desde los colectivos ciudadanos, especialmente la asociación demandante, se valora positivamente que la justicia haya dado la razón a quienes reclamaban seguridad jurídica y participación en la planificación urbana.
El Ayuntamiento se enfrenta ahora a un escenario incierto: retomar e impulsar la ordenanza de movilidad para dar cobertura legal al proyecto, o renunciar definitivamente a una red de carriles bici que ha estado rodeada de controversia desde su planteamiento inicial.
Un precedente para la planificación urbanística
El caso de Santa Cruz de Tenerife marca un precedente sobre la necesidad de contar con un soporte legal claro en la planificación urbanística. La sentencia deja claro que las actuaciones municipales con vocación estructural no pueden imponerse sin el respaldo normativo correspondiente, y que la ciudadanía tiene derecho a recurrir judicialmente cuando detecta vulneraciones en el proceso.
Por el momento, los carriles bici no podrán ejecutarse en la capital tinerfeña hasta que exista una norma municipal específica que los ampare. La decisión obliga al Ayuntamiento a replantear su política de movilidad sostenible y a abrir un nuevo proceso de diálogo, regulación y consenso si quiere mantener viva la iniciativa