Una vecina, propietaria de un piso en la comunidad Cruz del Señor, ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife una inspección urgente del inmueble ante la aparición de grietas, humedades y deterioro en elementos comunes a raiz de unas obras sobre conducciones del edificio cuya autorización municipal desconoce.
La petición, registrada el pasado 31 de agosto, reclama una revisión presencial del edificio, de once plantas de viviendas y azotea, para que los servicios municipales determinen si existen deficiencias que comprometan la habitabilidad, la conservación y la seguridad del bloque.
Solicitan asesoramiento de Urbanismo
La principal reclamación se refiere al suministro de agua. En el escrito, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, se asegura que los vecinos de los pisos más altos sufren problemas de presión y caudal desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que su vivienda ha estado más de dos meses sin suministro.
La promotora del escrito señala que el edificio no dispone de un sistema de bombeo que garantice el abastecimiento a las plantas superiores y, ante esta situación los afectados se han planteado la posibilidad de instalar un aljibe, depósito o grupo de presión, pero solicitan que sea un técnico competente quien determine cuál es la alternativa más adecuada y qué requisitos urbanísticos, constructivos y de seguridad deberían cumplirse.
Grietas, filtraciones y una tela asfáltica suelta
La solicitud no se limita al problema del agua. También alerta de la presencia de grietas y fisuras en distintas zonas comunes, así como de humedades, filtraciones y otros signos de deterioro que, a juicio de la propietaria, requieren de una valoración técnica.
En concreto, pide revisar fachadas, balcones, azotea, cubierta, elementos de impermeabilización y cualquier otro componente constructivo que pueda presentar deterioro o precisar reparación.
El documento incorpora, además, imágenes de una lámina o tela asfáltica parcialmente suelta en la parte superior de la fachada.. La solicitante advierte de un posible riesgo de desprendimiento hacia la vía pública y pide que Urbanismo determine si es necesario asegurar, retirar o reparar ese elemento para evitar daños a personas, vehículos o viviendas.
Obras abiertas en paredes y conducciones
Otro de los puntos centrales de la reclamación son las obras que se estarían realizando en espacios comunes del inmueble. La documentación gráfica aportada muestra aperturas en paredes y la exposición de conducciones de agua en varios rellanos y plantas del edificio.
Según el escrito, las actuaciones incluirían cortes y modificaciones de tuberías, así como nuevas conexiones o derivaciones hacia algunas viviendas concretas, entre la planta quinta y undécima.
Licencia urbanística
La propietaria afirma desconocer si estas intervenciones cuentan con licencia urbanística, declaración responsable, comunicación previa u otra autorización municipal. Por ello, reclama que la Gerencia compruebe si las obras disponen del correspondiente título habilitante, cuál es su alcance y si se ajustan a las condiciones técnicas, urbanísticas y de seguridad exigibles.
La solicitante subraya, además, que la comprobación debería realizarse mientras las obras continúan abiertas, antes de que las paredes sean cerradas o revestidas de nuevo. El escrito indica que el 29 de agosto se dio aviso a la Policía Local sobre estos trabajos, aunque la vecina asegura desconocer si una patrulla llegó a desplazarse al lugar o si el asunto fue trasladado a Urbanismo.
Petición de intervención municipal
La petición presentada ante el Ayuntamiento solicita, en definitiva, una inspección conjunta del edificio para analizar el suministro de agua, el estado de conservación de los elementos comunes, las grietas, las humedades, el estado de la cubierta y el posible riesgo de desprendimientos.
También pide que, si se detectan obras sin autorización o actuaciones que excedan lo permitido, se adopten las medidas de inspección y protección de la legalidad que correspondan.
La reclamación insiste en que no pretende sustituir las competencias de la comunidad de propietarios ni de los técnicos privados, sino que la administración local actúe dentro de sus atribuciones para verificar las condiciones de seguridad, conservación y legalidad urbanística del inmueble.
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