La primera jornada de huelga seguida por el Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para exigir estabilidad en la plantilla ha sido seguida por un 5,59% de los trabajadores, dos miembros del colectivo de funcionarios y 28 del de laborales, según informa la institución académica en un comunicado.
El pasado día 12 se convocó, por parte de los sindicatos Asociados Personal ULPGC en Lucha (APUL) y el Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC), el primer parón. El segundo se llevó a cabo el día de ayer, martes 13 y los siguientes están citados para el 16 de septiembre, el 21 de octubre, 25 de noviembre y 23 de diciembre.
El gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, ha indicado en el pleno del Consejo de Gobierno universitario que el proceso para la elaboración de la Oferta de Empleo Pública (OEP) extraordinaria, que persigue reducir la temporalidad en el empleo, ha sido "transparente y escrupuloso y cuenta con el visto bueno de la mesa de negociación". Además, ha recordado que el acuerdo fue aprobado en Consejo de Gobierno con un voto en contra y 33 a favor.
Ajustar la temporalidad
Por otra parte, también ha informado que la gerencia llevó a Consejo de Gobierno la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS, para atender la situación del personal que mediante sentencia judicial se le ha reconocido la situación de indefinido no fijo.
Esta modificación conlleva la creación de 15 plazas en la relación de puestos de trabajo sin que ello suponga incremento de costes, ya que son empleados que forman parte de la institución académica, pero para los que no se han creado puestos específicos en dicha RPT a pesar de existir pronunciamientos judiciales en su favor.
Tras la ejecución de los procesos derivados de la citada OEP extraordinaria y de aquellas otras ordinarias vigentes pendientes de resolución, el objetivo de la ULPGC es el de ajustar la temporalidad de su personal al objetivo previsto por la Ley 20/2021, dirigida a la ejecución de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.