Los afectados por las viviendas del II Plan de Vivienda de Canarias volvieron a movilizarse este lunes, 31 de agosto, ante la sede principal del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en Santa Cruz de Tenerife, para exigir que se materialice el acceso a la propiedad de sus casas.
Bajo consignas como “Pino de León danos una solución” o “Clavijo, escucha: el pueblo está en la lucha”, la principal reclamación es directa y se ciñe a pedir que les entreguen las escrituras que, sostienen, llevan cerca de 30 años esperando.
Protesta
“La solución es que nos entreguen las escrituras ya”, comenta a Atlántico Hoy Sixto Díaz Hernández, portavoz de la plataforma Viviendas Sociales en Lucha y representante de los afectados del segundo plan. Según expone, se trata de promociones entregadas entre 1995 y 1997, cuyos adjudicatarios entraron en régimen de alquiler con la expectativa de que pudieran pasar a su propiedad.
La protesta se ha desarrollado de forma simultánea en distintos puntos del Archipiélago, con presencia de afectados en Tenerife y Gran Canaria, aunque las promociones de viviendas afectadas se encuentran por todas las islas, según comenta el portavoz.
“Hemos pagado más que suficiente”
El portavoz defiende que las familias han satisfecho durante décadas unas rentas que debían computar, al menos en parte, para adquirir las viviendas. Según sus cálculos, algunos residentes han abonado más de cien mil euros a lo largo de estos años, frente a precios iniciales, dependiendo de cada promoción, que oscilaban entre los 45.000 y los 60.000 euros.
“Hay viviendas que valían 45.000 y 60.000 euros y hay personas que han pagado 130.000 y 150.000. Hemos pagado más que suficiente”, afirma Díaz.
30 años pagando
La plataforma sostiene que estos inmuebles fueron adjudicados a familias mediante baremación y que esa condición les da derecho a culminar la compra. “Estas casas fueron dadas a los adjudicatarios por puntuación. Somos adjudicatarios y llevamos 30 años pagando y luchando”, insiste el portavoz.
Díaz subraya que el conflicto no se limita a una promoción concreta. Habla de miles de viviendas afectadas en Canarias y llama a los representantes vecinales y adjudicatarios de los distintos grupos residenciales a sumarse a las movilizaciones. “Hoy son nuestras casas; mañana pueden ser las tuyas”, advierte.
Acuerdo de 2023
Los manifestantes sitúan una parte clave de su reivindicación en las negociaciones iniciadas años atrás con el Gobierno de Canarias. Según relata Díaz, el proceso comenzó en torno a 2015 y desembocó en un decreto aprobado en 2023 que, en su interpretación, debía facilitar el paso de las viviendas a propiedad.
El portavoz recuerda que, durante las reuniones previas, responsables políticos asumieron el compromiso de articular esa transmisión. “Dieron su palabra, hubo un acuerdo y después se hizo un decreto. Ese decreto instaba a que Visocan, en el menor tiempo posible, pasara esas viviendas a propiedad”, sostiene.
“Lo han incumplido”
En cualquier caso, los afectados consideran que ese compromiso no se ha cumplido. “Lo han incumplido. Estamos hablando del Gobierno de Canarias al completo”, reprocha.
La plataforma reclama que se aplique el acuerdo alcanzado y que se calculen de forma transparente las cantidades abonadas por cada adjudicatario, así como el precio pendiente - si lo hubiera- para poder elevar la compraventa a escritura pública.
Temor a una subida del alquiler
La preocupación de los residentes se ha intensificado, según Díaz, tras la aprobación de un nuevo decreto en marzo de 2026. La plataforma interpreta que esa norma puede consolidar la permanencia de las viviendas en el parque público de alquiler en lugar de permitir su transmisión a los actuales adjudicatarios.
Los afectados temen que, tras una eventual descalificación de las viviendas o una actualización de condiciones, los alquileres puedan elevarse de forma notable. Díaz asegura que algunos hogares pagan actualmente cuotas muy reducidas, mientras que otros abonan más según sus circunstancias económicas y familiares.
Críticas a Visocan y al ICAVI
Díaz asegura que los intentos de diálogo directo con Visocan no han dado resultados. “Visocan es cero a la izquierda. No tenemos nada que hablar con Visocan”, afirma, al entender que la decisión última corresponde al Ejecutivo autonómico y al ICAVI.
La plataforma anuncia que mantendrá la presión en la calle y no descarta nuevas acciones administrativas y judiciales. Sus representantes señalan que seguirán denunciando ante las instituciones que consideren responsables si no se desbloquea la entrega de las escrituras.
“Estamos dispuestos a llegar hasta la última consecuencia. Sea el Gobierno de Canarias, Visocan o el ICAVI, estas casas son nuestras. Llevamos 30 años pagándolas”, concluye Díaz
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