El Gobierno de Canarias mantiene su defensa del decreto que exige 12 años de residencia en las islas para poder optar a una vivienda protegida. El consejero regional de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo lo defenderá “con uñas y dientes” y ha rechazado que la norma sea discriminatoria.
Sus declaraciones llegan después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA contra el decreto, aprobado en marzo. Esta organización considera que la norma es “ilegal y racista”.
Arraigo en Canarias
Rodríguez ha defendido que el Gobierno está convencido de que la vivienda pública debe ser para quienes tienen su proyecto de vida en Canarias. Según el consejero, el criterio de arraigo recogido en el decreto “no es discriminatorio”.
“No estamos pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de una vivienda pública”, ha señalado. Rodríguez sostiene que la norma no se fija en dónde nació una persona, sino en que lleve tiempo viviendo en las islas.
Prioridad
El consejero ha explicado que el decreto busca priorizar a quienes llevan años demandando una vivienda en Canarias. A su juicio, ahora que se está construyendo vivienda protegida en todas las islas, deben tener preferencia las personas que ya viven en el Archipiélago frente a quienes puedan llegar “mañana”.
Rodríguez ha insistido en que el objetivo es que las viviendas públicas lleguen a “todos los ciudadanos que viven en Canarias” y que llevan tiempo esperando una solución habitacional.
Excepciones por vulnerabilidad
El responsable regional de Vivienda ha precisado que el decreto también contempla excepciones para situaciones de vulnerabilidad extrema. En esos casos, las personas declaradas vulnerables por los servicios sociales municipales o por un juzgado tienen otro procedimiento para acceder a una vivienda.
Por ello, Rodríguez ha defendido que la norma “no discrimina en base a la vulnerabilidad ni tampoco en base a la procedencia”. Según ha recalcado, la apuesta del Ejecutivo es que la vivienda pública se destine a quienes viven en Canarias.
Base jurídica
El consejero ha afirmado que el decreto se aprobó porque existe una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía. También ha recordado que la norma contó con informe jurídico favorable del Consejo Consultivo de Canarias.
Preguntado por si alguna normativa europea podría dejar sin efecto el decreto, Rodríguez ha señalado que, en su opinión, Europa podría tumbar una norma que discriminara por lugar de nacimiento o procedencia, algo que asegura que no ocurre en este caso.
“No tiene nada que ver con la ultraderecha”
Rodríguez ha querido marcar distancias con los discursos de “prioridad nacional”. “No tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha”, ha dicho.
Según el consejero, mientras esos planteamientos miran “el color de piel o el lugar de procedencia”, el Gobierno canario defiende que las viviendas públicas sean para quienes viven en las islas. “La gente que vive aquí puede haber nacido en Colombia o Madrid”, ha apostillado.