El debate sobre el cobro por llevar una maleta en cabina suma un nuevo capítulo en Europa. La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha declarado ilegal el cobro por el equipaje de mano en los vuelos comerciales, reforzando así la postura del Gobierno español, que sancionó recientemente a cinco aerolíneas por prácticas abusivas. La medida, respaldada por 38 de los 42 miembros de la Comisión, contradice la propuesta previa del Consejo de la UE, que abría la puerta a legalizar este tipo de recargos.

La resolución establece que los pasajeros tienen derecho a dos bultos sin coste adicional: uno pequeño (de hasta 40x30x15 cm) y otro de hasta 7 kg y 120 cm de perímetro. Para FACUA, este es un avance parcial.

Su portavoz, Rubén Sánchez, considera que “si se plantea una regulación que permite cobrar el equipaje, es porque lo que se hace hoy es ilegal. Eso refuerza las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo tras nuestras denuncias”.

Efectos limitados

No obstante, desde FACUA alertan de que la propuesta “tiene claroscuros”. Sánchez señala que las nuevas dimensiones autorizadas “son solo levemente superiores a las que hoy ya usan las compañías para empezar a cobrar”, por lo que temen que puedan seguir aplicando recargos legalmente en muchos casos. Añade que el segundo bulto permitido será “extraordinariamente pequeño, apenas válido para un bolso o un portátil”, y por tanto insuficiente para muchos viajeros.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la valoración es más positiva: consideran que estas medidas “acaban con la impunidad con la que han actuado muchas aerolíneas” y exigen que se apliquen cuanto antes.

Entre los avances incorporados también se incluye que las resoluciones de las autoridades nacionales sean vinculantes, y que el silencio de la aerolínea implique aceptación de la reclamación. Las compañías deberán responder en 48 horas y enviar el formulario de compensación de forma proactiva.

Reacciones en Canarias

En territorios como Canarias, donde el avión es un servicio básico y no una opción, la noticia ha sido bien recibida. La Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT) califica la medida de positiva para todo el archipiélago. Su gerente, Francesco Delli-Paoli, destaca que “evita conflictos con los clientes, que muchas veces no entienden por qué pagan más que lo que muestra la tarifa base”, y recuerda que son los agentes de viajes quienes absorben ese malestar.

Delli-Paoli insiste en que “la movilidad aérea en Canarias es estructural, no tenemos alternativa”, y que la posibilidad de eliminar el recargo por maleta sería muy bien acogida. En este sentido, Rubén Sánchez reconoce que el perjuicio en las islas puede haber sido mayor, pero recuerda que el fraude ha sido generalizado: “No sabría medir el nivel de perjuicio en Canarias, pero las aerolíneas han obtenido ingresos extra multimillonarios aplicando este cobro en todo el país”.

Impacto turístico directo

Desde el sector turístico se insiste también en los efectos económicos. “Todo lo que reduzca el precio final del billete favorece que se elija Canarias como destino”, apunta Delli-Paoli, quien cree que esta decisión puede mejorar la competitividad del archipiélago, sobre todo frente a otros destinos nacionales y europeos. La medida sería especialmente útil en un momento de recuperación de la demanda turística.

Además, se refuerza la responsabilidad de las aerolíneas en los casos en que los intermediarios, como agencias o turoperadores, no gestionen los reembolsos. Según FACUA, los pasajeros que hayan pagado por llevar su maleta en cabina “pueden reclamar ese dinero a la aerolínea, y si no responden en un mes o contestan negativamente, pueden presentar una demanda judicial gratuita que será firme desde su dictado”.

Reglamento aún en debate

Aunque la decisión del Parlamento Europeo no tiene efecto legal inmediato, sí representa un precedente relevante en la tramitación del reglamento definitivo sobre los derechos de los pasajeros. FACUA advierte de que, si la propuesta actual prospera tal y como está, se permitirá seguir cobrando en función del tamaño de la maleta, con el riesgo de que los abusos actuales se legalicen parcialmente.

Por su parte, la OCU reclama que se obligue a devolver el dinero cobrado indebidamente y que las medidas no se queden en el terreno simbólico. Tanto las organizaciones de consumidores como parte del sector turístico coinciden en que el movimiento del Parlamento Europeo supone una victoria política clara, pero aún falta consolidarlo en la normativa definitiva para que los derechos del pasajero se blinden de forma efectiva.