ANPE Canarias ha valorado positivamente la aprobación de la Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, aprobada este miércoles en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, el sindicato advierte de que la nueva normativa debe traducirse en medidas concretas que garanticen la protección y el respaldo de los docentes ante los conflictos que se producen en los centros educativos.
En un comunicado, la organización sindical señala que la ley supone un avance frente a la desautorización del profesorado y el aumento de la conflictividad en las aulas, aunque insiste en que su eficacia dependerá de cómo se desarrollen y apliquen las medidas previstas.
Ámbito digital
Entre los aspectos que ANPE considera positivos figura el reconocimiento de los actos contra la integridad física y moral del profesorado, incluidos los que se producen en el ámbito digital. También destaca el derecho de los docentes a recibir asistencia psicológica y jurídica ante situaciones que comprometan su seguridad o dificulten su labor educativa.
No obstante, el sindicato reclama actuaciones específicas para prevenir y responder a las agresiones, el acoso y otros conflictos que afectan a los profesionales de la enseñanza. Considera que el reconocimiento de estos derechos debe ir acompañado de mecanismos que permitan garantizar una protección efectiva.
Menos burocracia y mejores condiciones laborales
ANPE también valora que la normativa contemple la necesidad de reducir la carga burocrática del profesorado y mejorar sus condiciones laborales y retributivas. Sin embargo, echa en falta medidas concretas para avanzar en estas reivindicaciones, que considera fundamentales para que los docentes puedan dedicar más tiempo a la enseñanza y a la atención del alumnado.
En este sentido, el sindicato pone como ejemplo la reciente puesta en marcha del Plan para el Bienestar del Profesorado, del que ha surgido una unidad especializada en atender situaciones de agresión, acoso y otros conflictos que afectan a los docentes.
Por último, ANPE confía en que el desarrollo de la nueva ley permita reforzar los mecanismos de prevención y atención al profesorado. La organización insiste en que la autoridad docente no debe quedarse en un reconocimiento legal, sino convertirse en un respaldo real tanto dentro como fuera de las aulas.
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