El asesinato de una educadora social el pasado domingo en Badajoz por parte de tres menores tutelados ha consternado a la comunidad de profesionales dedicados a los servicios sociales. Este colectivo de profesionales está presente en algunos de los momentos más duros y delicados de la vida de muchas familias y justo por ello se enfrentan a situaciones violentas, en muchas ocasiones sin protocolos de actuación.
La situación en Canarias para los trabajadores dedicados a los servicios sociales es delicada. Especialmente en lo que a menores se refiere. La cifra de menores que tutela actualmente la comunidad es de 12.000, algo menos de la mitad son menores extranjeros no acompañados.
Un sistema "abandonado"
La falta de profesionales y de protocolos de actuación, las altas cargas de trabajo, así como el colapso en los sistemas de ayudas son algunos de los problemas que afrontan directamente los trabajadores de los servicios sociales, que son además, quienes también reciben la frustración de los ciudadanos.
Para Maitane Cabrera Primo, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife actualmente “estamos en un momento social muy complicado, difícil de abordar con las manos que tenemos”. Ella defiende que los profesionales están muy capacitados para intervenir, pero el problema es que “nuestro sistema está debilitado”.
“La situación en Canarias es el abandono sistemático de los servicios públicos en el ámbito de los derechos sociales en todos los aspectos”, denuncia el trabajador social y representante de la Sección Sindical de CCOO, Víctor Hernandez Chinea. Hace solo una semana él junto con otros profesionales pusieron en conocimiento de la diputada del común, Lola Padrón, el desbordamiento al que se ven sometidos.
Un técnico para 100 menores
Según alerta, cada técnico de la Dirección General de Infancia atiende a una media de 100 menores. “Imagina cómo se puede hacer ese trabajo, con las cargas psicosociales que conlleva”, apunta. Hay que tener en cuenta que estos trabajadores en muchas ocasiones actúan en situaciones muy delicadas para las familias y tienen que tomar decisiones relativas a la unidad familiar de forma solitaria, según denuncia.
Los expedientes que llegan a manos del área de menores lo hacen en el ámbito de la protección, es decir, cuando desde Educación, Sanidad o los servicios sociales detectan alguna situación anómala en el entorno familia. El otro ámbito de actuación es la justicia juvenil, cuando hay medidas cautelares.
Sin protección
“En la parte de protección es donde peor estamos”, denuncia el trabajador. “Según la ley, para aplicar medidas de protección, se necesitan equipos multidisciplinares donde las decisiones tienen que ser de forma colegiada entre las tres áreas y la realidad es que esa decisión se está tomando por un técnico solo”, asegura Hernández Chinea.
“Es necesario que las administraciones públicas refuercen los protocolos de seguridad, formación y apoyo emocional para todos estos profesionales que están interviniendo en estos entornos de manera directa y diaria 365 días al año”, reclama Cabrera Primo.
Más protocolos
Abordar los protocolos de seguridad es fundamental también para Hernández Chinea por los riesgos que pueden sufrir los trabajadores cuando acuden a establecer medidas cautelares. Como ejemplo pone el de un trabajador que acude a un domicilio al que van a quitar la custodia de un menor. Según explica no hay protocolos de actuación, sino que actúan por la propia experiencia que han ido ganando con los años.
“Debemos garantizar que existan mecanismos adecuados para proteger a estos profesionales y evitar situaciones como la que ha ocurrido”, reclama la presidenta del colegio en relación con el asesitano en Badajoz.
Ambos profesionales insisten en la principal y urgente necesidad de poner en marcha nuevas contrataciones dentro del servicio para liberar las cargas de trabajo. Asimismo exigen la evaluación de los riesgos psicosociales a los trabajadores, pero el sindicalista denuncia que desde la Consejería de Derechos Sociales no quieren poner en marcha esta evaluación.