Imagen de una reunión en una asociación de vecinos. / CANVA
Imagen de una reunión en una asociación de vecinos. / CANVA

Las asociaciones vecinales en Canarias, hartas de la inacción administrativa: “Nos desmotiva”

Tras el V Congreso de Asociaciones Vecinales de Canarias, los colectivos han concluido además que se enfrentan a la gran brecha digital existente para las personas mayores, quienes en su mayoría son los directivos de las asociaciones vecinales

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La unión hace la fuerza, y las asociaciones de vecinos de Canarias lo tienen claro. Desde hace años los colectivos ponen en común sus propuestas e inquietudes llegando a muchas conclusiones, entre ellas la desmotivación generalizada existente por la inacción de la administración ante sus denuncias. 

Del 25 al 27 de octubre de 2024 el municipio de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma, acogió el V Congreso de Asociaciones Vecinales de Canarias donde estuvieron presentes 135 representantes de diversos colectivos vecinales de las ocho Islas. Este jueves 3 de julio se dieron a conocer las conclusiones de dicha cita.  

Allí se realizaron ponencias, mesas redondas y actividades donde, entre otras cuestiones, concluyeron que urge poner solución a la falta de relevo generacional y la brecha digital de los mayores, quienes son mayoritarios entre los directos de colectivos y entidades vecinales. 

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De izquierda a derecha, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens, y el presidente de la Unión de Asociaciones Vecinales de las Islas, Francisco Barreto. / ATLÁNTICO HOY - ALBA MARICHAL

Barreras de la administración

La presentación de las conclusiones del Congreso contó con la intervención del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto y el presidente de la Unión de Asociaciones Vecinales de las Islas, Francisco Barreto. 

El propio presidente puso el foco en que actualmente se está “a un 10%” de lo que se debería de hacer. “Es importante tomar acción ante cualquier denuncia, y es necesario que los técnicos de las administraciones entiendan las labores de las asociaciones de vecinos para que se de ese binomio”. Para él, la burocracia administrativa crea barreras muchas veces insalvables, aunque agradece el respaldo y las reuniones que se mantienen desde el Ejecutivo. 

Movimiento vecinal 

Por su parte, Llorens resaltó que el movimiento vecinal es un concepto amplio que incluye a cualquier tipo de colectivo de vecinos que se agrupa para defender sus derechos y deberes. “La democracia se construye desde lo local, y cada barrio tiene su identidad propia, porque las necesidades de Valleseco en Santa Cruz y San Benito en La Laguna no son las mismas”, valoró el viceconsejero, quien además dejó la necesidad de que los jóvenes participen de forma activa con las asociaciones. “tenemos a la juventud mejor preparada, pero son activos en estos temas solo en canales informales”, consideró.

La directora general cuantificó que en el encuentro se dieron cita 135 personas que representaron a más de 50 asociaciones a través de un espacio común donde compartieron experiencia y hubo una reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la comunidad. 

Conclusiones

Además de la brecha digital y la ausencia de relevo generacional de los colectivos, durante el encuentro las asociaciones también concluyeron en esa falta de acción de las administraciones públicas ante cualquier denuncia, acción o reivindicación planteada por las asociaciones y colectivos, llevándoles a la desmotivación y a la desconfianza.

Apuntan incluso una falta de transparencia y desinformación en aquellos asuntos que conciernen al ámbito de sus asociaciones y colectivos. A ello unen la burocracia administrativa porque, según consideran, crea “barreras insalvables", ya que las relaciones entre la administración y las asociaciones vecinales se les obliga a ser realizadas a través de oficinas o registros electrónicos. No es lo único, porque según denuncian también se enfrentan a unos costes de mantenimiento y gastos generales que son “cada vez más elevados y descompensados” por la reducción de asociados, teniendo que acudir a las subvenciones de administraciones públicas o entidades privadas.