Un colectivo de aspirantes al Cuerpo General de la Policía Canaria ha solicitado formalmente a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias la anulación del proceso selectivo, al considerar que se han cometido “graves irregularidades” y que el tribunal calificador no actuó con imparcialidad.
Según el escrito presentado, los afectados también han elevado la misma petición ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, instando a la administración a retrotraer el procedimiento al inicio y a constituir un nuevo tribunal que repita las pruebas “con todas las garantías de legalidad, transparencia e imparcialidad”.
Graves irregularidades
El colectivo recuerda que la oposición fue convocada mediante resolución del 9 de noviembre de 2023, y sostiene que desde entonces el proceso “está viciado de nulidad desde su origen” por supuestas infracciones en la composición y actuación del tribunal.
Entre los motivos esgrimidos, los aspirantes denuncian una vulneración del deber de abstención por parte de la Presidencia del tribunal y un “cúmulo de graves irregularidades procedimentales” que, a su juicio, habrían comprometido el anonimato y la cadena de custodia de los exámenes.
Exámenes desaparecidos
El colectivo critica además que el tribunal desestimara alegaciones jurídicas sólidas sobre una quincena de preguntas del examen tipo test “mediante un escrito genérico y sin motivación específica para cada caso”.
Asimismo, los aspirantes aseguran que durante el acto público de apertura de sobres, celebrado el pasado 13 de octubre, se constató la posible desaparición de exámenes y la coincidencia de códigos entre diferentes pruebas, lo que “rompería la trazabilidad y la correspondencia entre el examen y el opositor”.
Repetición de las pruebas
Ante estos hechos, el colectivo ha solicitado a la Consejería que declare la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones del tribunal calificador y ordene repetir las pruebas ante un nuevo órgano evaluador imparcial.
Los afectados insisten en que el proceso debe desarrollarse “con las debidas garantías de legalidad, transparencia e imparcialidad que este proceso exige”, y advierten de que, de no adoptarse medidas, podrían acudir a la vía judicial para defender sus derechos como aspirantes.