El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha remitido al Defensor del Pueblo un informe para responder a la queja de un participante en el proceso selectivo de una plaza de Técnico Superior Psicólogo, convocada por el consistorio a finales de 2021 y que, según el reclamante, “permanece paralizada desde hace tres años y medio” sin explicación alguna.
El informe, firmado por la jefa de Sección de Organización y Ordenación de los Recursos Humanos, detalla que el proceso “continúa en curso”, al no haberse dictado resolución alguna que lo dé por concluido o lo deje sin efecto. El documento responde al expediente abierto por la institución que dirige el Defensor del Pueblo a raíz de la queja formal de un ciudadano.
60 euros de tasa
Según el escrito, el demandante alegó haber abonado 60 euros en concepto de tasa de examen, cuando las bases oficiales —aprobadas mediante una resolución y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas número 157, el 31 de diciembre de 2021— fijaban la cuantía en 36 euros.
El Ayuntamiento recuerda que toda la información del procedimiento está disponible en la web municipal (www.laspalmasgc.es), en el apartado de empleo público. De acuerdo con el informe, la última actuación registrada se remonta a la Resolución 22994/2022, de 26 de junio, por la que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos. A partir de ese momento, se abrió un plazo de subsanaciones entre el 21 de junio y el 5 de julio de 2022.
Convocatoria viva
Desde entonces, no consta nueva resolución del órgano convocante, pero Recursos Humanos sostiene que la convocatoria sigue viva: “No se ha dictado resolución que deje sin efecto o declare concluso el proceso”, se indica expresamente. Si en algún momento se produjera la anulación o cierre del procedimiento, se publicaría oficialmente y los aspirantes podrían reclamar la devolución de las tasas.
El documento también niega que se hayan vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o publicidad, garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución Española, al estar toda la documentación disponible y accesible en los canales oficiales.
Grupo A
La convocatoria de esta plaza forma parte de la Oferta de Empleo Público de 2018, aprobada por la Junta de Gobierno el 5 de diciembre de ese año, y que fue ampliada en 2019. El puesto pertenece al Grupo A, subgrupo A1, de la escala de Administración Especial del consistorio capitalino.
El proceso se desarrolla por el sistema de concurso-oposición, con la finalidad no solo de cubrir una plaza en propiedad, sino también de crear una lista de reserva. Entre los requisitos se exigía el título de Licenciatura o Grado en Psicología, nacionalidad española o de la Unión Europea, y capacidad funcional para el desempeño del puesto.
¿Obligaciones incumplidas?
En su respuesta, el Servicio de Recursos Humanos subraya que el procedimiento se ajusta a la legalidad y que no existen fundamentos para entender que la Administración haya incumplido sus obligaciones. “Es todo lo que procede informar por el momento”, concluye el documento remitido el 7 de octubre de 2025 al Defensor del Pueblo.
Fuentes municipales consultadas señalan que, como en otros procesos selectivos afectados por la acumulación de convocatorias y la reorganización de plantillas, la ejecución de las oposiciones se ha visto ralentizada por cuestiones de planificación y disponibilidad de tribunales, pero insisten en que “no se ha producido abandono alguno del expediente”.