La Consejería de Bienestar Social reconoce que no cuenta con medios personales y materiales suficientes para tramitar con agilidad una de sus convocatorias de ayudas sociales con mayor volumen de expedientes y complejidad.
Por eso, el Gobierno canario ha decidido recurrir a una entidad colaboradora. El trabajo recaerá en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que funcionará como intermediario para evitar que se ralenticen los tiempos de tramitación, según la consejería.
Ayudas para entidades sociales
Las subvenciones en cuestión están destinadas a entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención social. El BOC recuerda que su objetivo principal es cubrir necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza, exclusión o especial vulnerabilidad, entre ellas situaciones relacionadas con discriminación por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad u orientación sexual.
El ITC se encargará de tareas como informar a las entidades solicitantes, atender incidencias, revisar documentación, comprobar requisitos, elaborar informes, preparar anexos de resolución, hacer seguimiento de alegaciones y revisar justificaciones. También asumirá la entrega y distribución de los fondos públicos a las entidades beneficiarias una vez se dicte la resolución definitiva.
Coste del encargo
Por todas estas tareas, la entidad recibirá una cuantía máxima de 435.366 euros, repartidos entre 2026, 2027 y 2028. La mayor cantidad se concentra en 2027, con 187.659 euros, mientras que para 2026 se prevén 136.833 euros y para 2028 otros 110.873 euros.
El plazo de ejecución comenzará al día siguiente de la firma del encargo y finalizará el 31 de diciembre de 2028, aunque podrá prorrogarse por una anualidad más si existe crédito suficiente.
Una fórmula que se repite
No es la primera vez que Bienestar Social se apoya en el ITC para gestionar esta línea de ayudas. Y es que el encargo a la entidad para tramitar estas subvenciones se lleva repitiendo desde la convocatoria IRPF 2021, primero mediante convenios de colaboración y después a través de encargos a medio propio.
Para esta nueva convocatoria, el ITC deberá aportar los medios humanos y materiales necesarios, con un equipo de hasta 13 personas, y no podrá subcontratar a terceros la realización total o parcial de los trabajos. La Consejería, por su parte, mantendrá la dirección, supervisión y titularidad de las competencias del procedimiento.
Una estructura desbordada
Esta necesidad de apoyo rrefleja que la gestión de estas ayudas, por su volumen de solicitudes y expedientes, supera una estructura que la propia Consejería admite insuficiente para absorber una convocatoria compleja y con muchos proyectos sociales pendientes de resolución.
Y no se trata de un caso aislado dentro del Gobierno canario. Vivienda también ha reconocido falta de medios para afrontar la avalancha del Bono Alquiler Joven, una ayuda para la que ha tenido que recurrir a las Cámaras de Comercio. En ambos casos, el problema no está solo en convocar subvenciones, sino en conseguir que se tramiten y lleguen a tiempo.
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