El Gobierno de Baleares, encabezado por la presidenta Margarida Prohens, del Partido Popular (PP), ha anunciado que no entra en sus planes acoger a más menores migrantes llegados desde Canarias.
El Ejecutivo autonómico, como ha informado el periódico Diario de Mallorca, ha tomado la decisión tras conocer que el Gobierno de España está negociando con el Archipiélago para repartir de forma obligatoria a los chicos por todo el territorio nacional.
Acuerdo PP-CC
La negativa por parte del Ejecutivo balear para acoger a los menores que arriban a aguas de las islas contradice el acuerdo alcanzado entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo, el pasado 10 de septiembre.
El documento con la rúbrica de ambos, denominado Plan de Acción por el Descontrol migratorio, recoge en el apartado 5.b. que se debe garantizar que ninguna comunidad autónoma queda excluida de participar en el reparto.
Sobrepasados
“No puede existir excepción en el reparto de los menores dentro de las distintas comunidades autónomas, ni tampoco podrán habilitarse excepciones si se produce un traspaso de competencias como el que el Gobierno pactó con el independentismo”, señala el texto.
Desde el Gobierno balear, según cuenta el mismo medio, ponen sobre la mesa que ya están sobrepasados con los que llegan a sus costas. Por lo tanto, reclaman, una solución eficaz más allá de los repartos entre comunidades para solventar la crisis migratoria.
Reunión en Madrid
Sobre la reunión de este jueves, Clavijo ha acordado con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerrar en el plazo de 10 días un texto legislativo que garantice una distribución extraordinaria de parte de los menores migrantes no acompañados que acoge el Archipiélago.
Según ha explicado el presidente canario tras el encuentro mantenido en Madrid, se ha pactado dar este plazo a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y a los del Estado para que consensúen una propuesta de decreto ley u “otra fórmula legislativa” que sirva para “aliviar la situación límite” que viven las Islas.