La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha respondido a los comités de empresa. Los representantes de los trabajadores acusaron este miércoles al área que dirige Candelaria Delgado de llevar a cabo un “apagón informativo”, ignorar las evaluaciones de riesgos psicosociales o bloquear solicitudes de adaptación de puestos por motivos de salud.

Fuentes de la Consejería indican a Atlántico Hoy que el equipo de Gobierno no ha ignorado nunca a su personal ni tampoco a los trabajadores que forman parte de los comités de empresa. “El diálogo es permanente”, afirman. Además, se muestran perplejos con la queja sobre Prevención de Riesgos Laborales porque aseguran que siempre ha sido un tema central.

Plan de choque

“Es cuanto menos curioso que se cite la dejación de funciones ya que, como conocen los representantes de los trabajadores, ha sido prioritario para la Secretaría General Técnica el contar con un equipo cualificado para cumplir las propuestas contenidas en los informes de riesgos psicosociales y a los cambios de puestos de trabajo por motivos de salud”, afirman.

Explican que el Gobierno autonómico aprobó el 31 de diciembre de 2025 un plan de choque al respecto. Sostienen que consistía en un contrato programa de carácter temporal para el nombramiento de seis técnicos y cuatro auxiliares. Una iniciativa para la que ya se han incorporado varios profesionales, aunque otros no han llegado todavía al equipo formado.

Nuevo personal

Desde la Consejería de Bienestar Social aseveran que —entre los que están manos a la obra a día de hoy— se encuentran un jefe de sección del Cuerpo Superior Facultativo A1 en la escala Técnica Facultativa Superior en la especialidad Prevención; y cuatro técnicos A2 del Cuerpo Facultativo Técnico de Grado Medio enmarcado en la especialidad de Prevención. 

“Aún quedan pendientes un psicólogo y los cuatro auxiliares de apoyo administrativo. Estamos fundamentalmente centrados en la gestión que mejore la vida de los ciudadanos, tal y como demuestran los números de mejora de dependencia, discapacidad, servicios sociales”, prosiguen. Un asunto en el que no terminan de estar de acuerdo los comités de empresa.

"Las mejoras son públicas"

Los representantes de los trabajadores alertaron de retrasos en Discapacidad, donde aseguran que hay menores de un año sin valorar por falta de profesionales y un “embudo” en las valoraciones de niños de entre dos y seis años, lo que puede suponer la pérdida de becas para tratamientos especializados. Así como resaltaron los cierres en las escuelas infantiles.

Bienestar Social, por su parte, defiende que “las mejoras son públicas y certificadas por estamentos como el Imserso, no se entiende muy bien lo del apagón democrático, en plena época de la transparencia, donde nuestros datos son comprobables”. Como ejemplo, establecen que cualquier solicitud de Dependencia se resuelve antes de los 180 días.

"Son datos contrastables"

“Dentro del plazo legal para hacerlo”, inciden. Pero la cosa no queda ahí. El departamento gestionado por Delgado apunta que han implementado equipos de valoración dentro la discapacidad descentralizados para facilitar las valoraciones de las personas que no vivan cerca de las capitales, reducido plazos y eliminar las listas en las islas no capitalinas.

“No son especulaciones”, sentencian, “son datos contrastables”. “Las puertas de la Consejería están abiertas para seguir negociando cuantas mejoras podamos ofrecer”, concluyen.