La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha confirmado que los 300 expedientes de niños no asilados enviados a la Subdelegación del Gobierno cuentan con sus correspondientes autorizaciones de residencia y cumplen la documentación estipulada en la disposición adicional primera del RD 658, que desarrolla el RD Ley 6/2025.
Rodríguez explicó que los expedientes se pueden enviar con la autorización de residencia o con la solicitud de tarjeta de residencia y la cédula inicial de registro, cumpliendo así con las instrucciones del Ministerio de Infancia. Señaló que la ralentización del proceso es atribuible al Gobierno de España.
Contingencia migratoria
Rodríguez señaló que corresponde al ministro Torres agilizar los trámites para que los niños puedan ser derivados a la Península en tiempo y forma.
Desde que se declaró la contingencia migratoria extraordinaria, Canarias ha acogido a 24 menores, que deberían ser los primeros en salir de las islas según el decreto. El primer menor llegado a Órzola se espera que sea derivado inicialmente a Extremadura el próximo día 25.
Nuevas llegadas
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mostró preocupación por la llegada continua de menores solos a las costas de Canarias. Señaló que, aunque las salidas de Mauritania y Senegal han disminuido, ha habido un repunte desde Marruecos y Gambia.
Sobre las derivaciones de menores con protección internacional, Delgado recordó que 98 menores han continuado su proceso migratorio fuera de las islas, con otros 15 previstos para mañana. Destacó que el ritmo de 20 menores a la semana es insuficiente.
Delgado concluyó que, aunque el Estado contabiliza a los menores inscritos administrativamente en el Sistema Nacional de Protección Internacional, solo 98 han salido de las islas. En el recurso de tránsito Canarias 50, donde la estancia permitida es de 15 días, hay actualmente 153 menores, algunos con dos meses de permanencia, lo que, según la consejera, no cumple con el auto del Tribunal Supremo para aliviar presión sobre el sistema en el Archipiélago.