Canarias lidera el ranking de comunidades autónomas con un mayor grado de privatización sanitaria, según el Undécimo Informe sobre la Privatización de las CCAA 2025 publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicado este jueves. Concretamente, empata con la Comunidad de Madrid como las primeras de la lista.
Desde 2014, el Archipiélago se encuentra en las primeras de esta lista elaborada a partir de datos del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística y el Barómetro Sanitario. Baleares y Cataluña ocupan la tercera y cuarta posición, mientras que Cantabria, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha presentan los menores índices de privatización.
El estudio otorga a las Islas una puntuación de 28 puntos, la misma que Madrid y por encima de Baleares (27) y Cataluña (26).
Distintas variables
El informe evalúa variables como el gasto sanitario dedicado a conciertos con centros privados, el porcentaje de camas hospitalarias privadas, el uso de equipamiento tecnológico en hospitales privados y el gasto de bolsillo de los ciudadanos.
En Canarias, un 7,1% del gasto sanitario público se destina a conciertos con entidades privadas, el 27,4% de las camas son privadas y el 37,7% del equipamiento de alta tecnología pertenece a este sector. Además, el 27,2% de la población acudió al médico general privado y el 47,3% realizó consultas con especialistas privados durante el último año.
Aumento en una década
La FADSP destaca también el incremento de la privatización sanitaria en las Islas durante la última década. Canarias ha pasado de 18 puntos en 2014 a 28 en 2025, con un aumento del 29,4% respecto al periodo anterior. Este crecimiento sitúa al Archipiélago entre las comunidades donde el proceso ha avanzado con mayor rapidez, junto a Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Aragón.
El aumento del gasto en seguros de salud, entre otros factores, ha elevado en cinco puntos el índice de privatización sanitaria en Canarias en el último año (de 23 a 28). Sin embargo, el pago directo por atención sanitaria privada se ha reducido: en 2024 fue de 366 euros por habitante, frente a 424 euros un año antes. Sin embargo, antes de la pandemia era de 313 euros, lo que supone un incremento del 17% en el último lustro.
El informe señala que las cifras de concertación sanitaria están “infraestimadas” por dos motivos: "La presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos".