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Sociedad

Canarias limitará los móviles en las aulas a uso didáctico

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha anunciado que entrará en vigor la resolución sobre la utilización de estos dispositivos en los centros educativos públicos no universitarios del Archipiélago, limitándolos al aprendizaje o razones excepcionales

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Poli Suárez, Consejero de Educación de Canarias./ EFE/Ángel Medina G.

El debate del uso de los móviles en los centros educativos parece llegar a su fin con la resolución que ha desarrollado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Tras recabar opiniones de los diferentes agentes implicados, desde el Ejecutivo han decidido limitar la presencia de estos dispositivos a una función didáctica únicamente. 

El consejero del área, Poli Suárez, ha anunciado en una rueda de prensa que estas medidas tratan de crear en conjunto un “marco regulatorio básico común” en esta materia, muy similar al informe que entregó el Consejo Escolar de Canarias, para “proteger al alumnado y evitarles distracciones que puedan afectar a su desarrollo académico, poner en valor la figura del docente y el respeto al profesorado y compañeros dentro del aula ante el posible uso inadecuado”. 

Para aprendizaje y por razones excepcionales

El uso de los teléfonos móviles y de cualquier dispositivo vinculado a la telefonía móvil en los centros educativos públicos no universitarios se limitará a un uso exclusivamente didáctico como herramienta de aprendizaje, según ha explicado Suárez, que ha añadido que este uso será guiado en todo momento por el profesorado en aquellos casos en los que los dispositivos sean imprescindibles para el correcto desarrollo de la programación de determinadas etapas educativas. 

Además, el consejero ha expuesto que el uso deberá estar consensuado y aprobado tanto por el claustro como por el consejo escolar de cada centro, “por lo que no se trata de aplicarla de manera autoritaria sino de forma participativa y consensuada”. Los equipos directivos, claustro y consejos escolares deberán garantizar, asimismo, de acuerdo con la familia que “todo el alumnado disponga de los dispositivos necesarios para realizar esas tareas que requieran de su utilización”, ha puntualizado. 

La presencia de móviles en las aulas también podrá autorizarse por razones excepcionales y de necesidad en caso de circunstancias personales de carácter médico que “sean acreditativas ante la dirección del centro, por los representantes legales del alumnado o por el estudiantado mayor de edad”, ha señalado Suárez, que ha puesto de ejemplo a los escolares con diabetes que utilizan los dispositivos para controlar los niveles de glucosa en sangre u otras patologías. 

Varias personas observando las pantallas de sus móviles. / Unplash

¿A quiénes se aplica?

La restricción afectará a las etapas de infantil y educación obligatoria, que comprende primaria, secundaria obligatoria y FP básica. Estará vigente durante toda la jornada escolar, es decir, durante los horarios de docencia directa, custodia anterior y posterior a esta, descansos y recreos, actividades y servicios complementarios, así como en las actividades extraescolares.

En lo que respecta a los centros privados y concertados, Suárez ha indicado que no tienen porque cumplir esta regulación, sino que podrán adaptarla a su organización teniendo en cuenta su propia legislación y autonomía. 

Entrada en vigor

En el caso de secundaria y educación superior no universitaria, así como las enseñanzas de régimen especial, los centros educativos decidirán, asimismo, en función de su autonomía pedagógica y organizativa y atendiendo a las edades y madurez del alumnado las limitaciones que se establecerán. Si se incumple las normas por parte del estudiantado, “los propios centros podrán adoptar medidas correctoras con carácter recuperador y educativo eso sí garantizando siempre el derecho o los derechos del alumnado”, ha contado Suárez.

La solicitud del Consejo Escolar de Canarias para destinar un presupuesto a la custodia de los móviles se ha quedado en el tintero, ya que “supondría un gasto”, por lo que será decisión de cada centro “si obliga a que el alumnado lo apague o a meter el dispositivo en la taquilla si la hubiera”. 

La resolución entrará en vigor desde que se publique en la página web de la Consejería de Educación y “por tanto tendrá que comenzar a aplicarse”, ha afirmado el consejero. A pesar de ello, también están a la espera del anuncio del Ministerio de Educación, por “si fuese necesario añadir alguna consideración que se plantee desde el Gobierno central”.