Canarias necesita 19.607 plazas residenciales adicionales para personas mayores con el fin de alcanzar la ratio recomendada de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. La situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la ocupación media de las plazas existentes alcanza el 99,9 %, una de las más elevadas del país.

El archipiélago cuenta además con centros de menor tamaño que la media estatal, ya que los centros sociosanitarios canarios tienen una media de 51,4 plazas, frente a las 73,5 plazas de promedio en el conjunto de España. Del total de plazas operativas en Canarias, el 67,6 % son de financiación pública, mientras que el 32,4 % corresponden a iniciativa privada, situando a las islas entre las comunidades con menor cobertura pública.

Déficit creciente 

El problema no es exclusivo de Canarias. A nivel nacional, el déficit de plazas residenciales para personas mayores continúa aumentando y ya se sitúa en 96.916 plazas, casi el doble que en 2014, cuando faltaban 53.103 para alcanzar la ratio del 5 %. En la actualidad serían necesarias más de 50.000 plazas solo para atender la demanda de personas con gran dependencia y dependencia severa.

Aunque entre 2021 y 2025 se han creado 23.075 nuevas plazas residenciales, el crecimiento resulta insuficiente frente al fuerte envejecimiento de la población: en ese mismo periodo, el número de personas mayores de 65 años aumentó en más de 800.000. Según el Informe Mayores del Imserso, a comienzos de 2025 España contaba con 412.109 plazas residenciales, 17.044 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 4,3 %. En estos centros vivían 339.655 personas, un 15,9 % más que en 2024, alcanzando una ocupación media del 82,4 %. El 75,5 % de los residentes tiene más de 80 años.

Desigualdad territorial

Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran el déficit de plazas residenciales, con 36.327 y 26.929 plazas menos, respectivamente, concentrando entre ambas el 65,3 % del déficit nacional. En el extremo opuesto se sitúa Castilla y León, que presenta un exceso de 16.712 plazas.

Cinco comunidades registran una ocupación prácticamente completa de sus residencias: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. En cambio, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana muestran niveles de ocupación muy bajos, lo que, según el informe, podría deberse a una mala distribución de plazas o a precios inasumibles para buena parte de la población.

Financiación pública

A nivel estatal, el 71,1 % de las plazas residenciales son de financiación pública, lo que equivale a 292.986 plazas, frente a las 119.123 privadas. Estas plazas públicas incluyen centros de titularidad pública, plazas concertadas y aquellas financiadas mediante la prestación vinculada al servicio.

Desde 2015, la cobertura pública ha aumentado hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la cifra más alta registrada hasta ahora. Las comunidades con mayor cobertura son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón, mientras que Canarias, Murcia y Valencia se sitúan a la cola.

Atención domiciliaria

La asociación también lamenta el limitado desarrollo de la estrategia de desinstitucionalización impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales en 2023, cuyo objetivo es favorecer la permanencia de las personas dependientes en su hogar mediante el refuerzo de la atención domiciliaria.

En 2024, este servicio alcanzó una cobertura del 5,8 %, apenas ocho décimas más que antes de la pandemia, con una media de 23,8 horas mensuales de atención, solo tres horas más que en 2012, un avance que los profesionales consideran insuficiente para frenar la creciente presión sobre el sistema residencial.