Para el bañista tinerfeño, no es algo fuera de lo común observar en la costa manchas blancas a modo de espuma o rastros marrones que se desplazan con las corrientes. Tampoco resulta extraño que una playa que cada día recibe a decenas de personas tenga que cerrar al público por la elevada presencia de la bacteria E. coli. Sin embargo, la normalización del problema y la falta de avances para ponerle solución están costando caras a la administración pública. En apenas cuatro años y medio, el Gobierno de Canarias ha tenido que desembolsar más de 8 millones de euros en multas derivadas de los vertidos contaminantes y del incumplimiento de la normativa europea sobre el tratamiento de aguas residuales.
La cifra corresponde al desembolso realizado durante la pasada legislatura, en concreto entre el 25 de enero de 2019 y el 25 de julio de 2023. En ese periodo, la comunidad autónoma abonó 8.220.941,35 euros para hacer frente a las sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa europea sobre la recogida y el tratamiento de aguas residuales urbanas.
Sanción europea
El dato se conoce a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón Ramos Chinea, quien solicitó al Ejecutivo autonómico el importe total abonado por este concepto durante ese periodo. La cantidad corresponde a la parte que el Estado repercutió a Canarias tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por no ejecutar plenamente una sentencia anterior relativa al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La distribución de esa responsabilidad económica se realizó mediante el Real Decreto 515/2013, que establece el procedimiento para determinar qué administración debe asumir el coste de las sanciones europeas cuando el incumplimiento le resulta imputable.
Una condena con consecuencias económicas
El origen de estas sanciones se remonta a una sentencia del TJUE que declaró que España seguía incumpliendo sus obligaciones en materia de saneamiento y depuración pese a una condena previa dictada en 2011.
Como consecuencia, el tribunal europeo impuso al Estado una multa de 12 millones de euros, además de una sanción coercitiva periódica hasta que se corrigieran las deficiencias detectadas. Posteriormente, el Gobierno central distribuyó el coste entre las administraciones responsables de los incumplimientos, entre ellas Canarias. La respuesta parlamentaria confirma ahora que la comunidad autónoma abonó 8,22 millones de euros por este concepto entre 2019 y 2023.
Bajo el foco de Bruselas
Aunque las cantidades reveladas ahora corresponden a sanciones ya ejecutadas, los problemas que las originaron continúan presentes en parte del territorio canario.
De hecho, la Comisión Europea mantiene identificadas varias aglomeraciones urbanas de Canarias en las que considera que persisten incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales. Entre ellas figuran Acorán, Añaza, Adeje-Arona, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles, Puerto de Santiago-Playa La Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de La Orotava.
Según la Comisión Europea, en estas zonas siguen existiendo deficiencias relacionadas con la recogida de las aguas residuales o con el funcionamiento de las infraestructuras de depuración exigidas por la normativa comunitaria.
En varias de estas aglomeraciones, el procedimiento europeo también cuestiona que el tratamiento de las aguas residuales alcance los niveles exigidos por la Directiva antes de su vertido al medio receptor.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.