La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una reforma de la Ley de la Seguridad Social para que los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) destinados a beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) no se consideren ingresos adicionales. El objetivo, explicó, es permitir que estas personas puedan salir de la pobreza extrema.
Delgado trasladó esta petición durante la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada este viernes en Madrid, en la que se abordaron los procesos de adopción y los recursos autonómicos para combatir la pobreza infantil.
La consejera recordó que “muchas de las personas que reciben la PNC son personas con discapacidad con menores a cargo” y que, aunque Canarias ha habilitado una ayuda adicional de 400 euros anuales para 2026, esta medida “no es suficiente para revertir la situación de pobreza”.
Reclamo de más fondos estatales
La titular de Bienestar Social criticó que Canarias solo reciba 30 millones de euros del Estado para luchar contra la pobreza, cuando “le corresponderían 80 millones”. Delgado insistió en que el Gobierno central debe incrementar los presupuestos sociales y establecer un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil.
“Apuntalar ese escudo, para que las familias puedan salir de la pobreza extrema, junto con otras medidas, nos permite reforzar el escudo social”, subrayó.
Reparto de menores migrantes
En el mismo encuentro, se aprobó que Canarias reciba 5 millones de euros del reparto estatal de 13 millones destinados a la atención de menores migrantes no acompañados. Según el Ejecutivo regional, los centros de acogida del Archipiélago están saturados con 4.475 menores, mientras la financiación del Estado sigue sin llegar.
Hasta la fecha, han salido de Canarias 40 menores trasladados a otras comunidades, 16 por el procedimiento exprés y 24 por contingencia ordinaria, mientras que esta misma semana el Archipiélago ha asumido la tutela de otros 13 menores llegados en patera.
El Gobierno canario lamenta que algunas comunidades continúen debatiento sobre la financiación y la asunción de la guarda de estos jóvenes, pese a la urgencia de la situación.