El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente este martes a la Delegación del Gobierno la convocatoria con carácter urgente del grupo de trabajo técnico sobre menores con medidas judiciales. El Ejecutivo autonómico reclama que esta reunión se produzca antes del 1 de febrero, dando cumplimiento a lo acordado tanto en octubre de 2025 como en enero de 2019.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado a través de un comunicado la necesidad de constituir este foro técnico. Según la administración regional, su puesta en marcha permitiría fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para avanzar en la gestión de los traslados. El objetivo es evitar generar incertidumbre, asegurando que cualquier decisión sobre el traspaso de competencias sea consensuada y priorice el interés superior del menor y la seguridad jurídica.

Planificación y diálogo

La finalidad principal de este órgano es servir como instrumento para la planificación de actuaciones. Desde un enfoque de colaboración institucional y diálogo permanente, el grupo deberá elevar propuestas a la Junta de Seguridad. La Consejería subraya que este mecanismo es fundamental para garantizar la máxima eficacia en la prestación del servicio relacionado con los menores sometidos a medidas judiciales.

Con esta solicitud, el Gobierno canario exige el cumplimiento de los compromisos adoptados en la Junta de Seguridad de Canarias celebrada en 2019. En aquel encuentro, que contó con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno de Canarias, se acordó la creación de este grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Delegación del Gobierno.

El objetivo original, que se mantiene vigente, es elaborar un estudio pormenorizado sobre los recursos humanos y materiales que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) necesita para asumir el traspaso de esta función. Asimismo, la administración autonómica recuerda que la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de 2025 ratificó por unanimidad, incluyendo el voto de la Subdelegación del Gobierno, la necesidad de impulsar este grupo técnico para abordar la situación.