Acceder a la vivienda en Canarias, tanto de compra como de alquiler, es tarea difícil, sobre todo para los sectores más vulnerables. En este contexto, el Gobierno canario ha urgido este miércoles a la iniciativa privada a volver a construir viviendas de protección oficial (VPO) ritmo de hace años, cuando llegaba a ejecutar cuatro de cada cinco.
El mensaje fue trasladado por el consejero regional de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, tras la firma de un convenio con el Cabildo de Gran Canaria que permitirá edificar 126 viviendas en un plazo de 20 meses.
Inversión y localización
Las nuevas promociones se levantarán en los municipios de Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana, con una financiación que suma 30 millones de euros, aportados por el Cabildo insular, fondos europeos y la Administración autonómica. Rodríguez explicó que los edificios previstos en Gáldar, Casa Pastores y Severo Ocho, así como la promoción de Pineda, se destinarán al alquiler social o asequible, una de las principales demandas de los 30.000 solicitantes de vivienda en el archipiélago.
El consejero destacó que en los últimos dos años se han promovido más de 2.000 viviendas en Canarias, con una movilización de 300 millones de euros, de las que más de cien han sido entregadas en 2025 en Gran Canaria. Este ritmo, según subrayó, ha permitido ejecutar alrededor del 10 % del parque de vivienda pública del archipiélago, dentro de las actuaciones impulsadas por el Gobierno autonómico.
Coordinación institucional
Por su parte, el director general del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, defendió la política de convenios entre administraciones como vía para intentar solucionar la crisis habitacional en las islas.
Ortega insistió en la necesidad de que todas las instituciones trabajen de forma conjunta, desde el Estado y la Unión Europea hasta la comunidad autónoma y los ayuntamientos, para evitar actuaciones descoordinadas. Para el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Vivienda, Augusto Hidalgo, la dificultad para acceder a una vivienda responde fundamentalmente a un problema de oferta.
Hidalgo advirtió de que no existe suficiente vivienda protegida para atender no solo a los sectores más desfavorecidos, sino también a la clase media, una situación que se repite en toda España y se acentúa en Canarias.
Objetivos a medio plazo
El responsable insular recordó que Canarias se encuentra muy por debajo de los estándares europeos, situados en torno al 7% de vivienda pública, y defendió la necesidad de un esfuerzo sostenido en el tiempo para revertir esta situación.
En este contexto, el Cabildo de Gran Canaria prevé promover unas 500 viviendas durante el actual mandato, mientras que el Gobierno canario augura que en 2026 se podrán entregar muchas más en la isla, al encontrarse varias obras en fases muy avanzadas.