El director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha anunciado este miércoles que la nueva ley de Protección Civil y Emergencias en la que ya trabaja el Ejecutivo autonómico incluirá “un modelo de sanción para los rescates originados por una imprudencia”, abriendo así la puerta a que determinadas intervenciones de alto coste puedan ser abonadas por quienes las provoquen de forma negligente.
Durante una rueda de prensa, Figuereo explicó que el planteamiento no persigue penalizar a quienes sufran un accidente fortuito, sino a quienes desoigan advertencias o incumplan prohibiciones expresas. “Entendemos que la persona imprudente tiene que abonarla. No se trata de sancionar a quien ha sufrido una caída, sino una imprudencia”, precisó. Como ejemplos, citó accidentes acuáticos con bandera roja o el acceso a zonas cerradas al baño pese a la señalización.
Imprudencias
El responsable autonómico recordó que en el último mes se han registrado incidentes en Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote), y en el litoral de Santiago del Teide, en un charco que estaba balizado y señalizado con cierre por alerta de fenómenos costeros. En ambos casos, recalcó, se trataba de espacios con advertencias visibles. “Eso es una imprudencia”, afirmó, subrayando que el coste de un rescate “es alto” y depende de múltiples factores operativos.
Como referencia, Figuereo indicó que, según las cuantías fijadas en 2012, una hora de helicóptero asciende a 2.000 euros, cifra que ilustra el impacto económico de determinadas intervenciones aéreas.
Policía Canaria
Uno de los problemas actuales, según detalló, es la dificultad para identificar formalmente a las personas rescatadas. Quienes realizan el servicio de salvamento no son funcionarios, sino personal laboral de la empresa adjudicataria, lo que impide que puedan abrir un expediente administrativo para filiar al afectado en el momento de la intervención. Por ello, el Gobierno plantea que la Policía Canaria, en proceso de implantación en todas las islas, participe en estos procedimientos cuando se pruebe que ha existido negligencia.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja con el área de Turismo para reforzar la información dirigida a visitantes extranjeros, dado que, según señaló Figuereo, la mayoría de estos incidentes corresponden a personas de fuera del Archipiélago, una problemática que también se reproduce en otras comunidades autónomas.
"No es gratis"
Por su parte, el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, puso el foco en las denominadas “emergencias complejas”, que implican un “sobreesfuerzo desde el punto de vista de la respuesta”. Se trata de accidentes múltiples, con varios afectados o incluso desaparecidos, que obligan a activar dispositivos de búsqueda que pueden prolongarse durante días o incluso una semana. “La emergencia no es gratis”, advirtió, recalcando que este tipo de operativos moviliza recursos humanos y materiales de elevado coste para la administración pública.
La futura norma, aún en fase de elaboración, pretende así establecer un marco legal que permita diferenciar entre accidente y negligencia, con el objetivo de disuadir conductas de riesgo y reducir la presión económica y operativa sobre los servicios de emergencia en Canarias.