El Gobierno de Canarias ha remitido una comunicación oficial al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para trasladar sus dudas sobre el Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de Abono Único, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el Ejecutivo autonómico, el modelo tal y como está formulado no contempla la participación del Bono Residente Canario, lo que dejaría al Archipiélago excluido del nuevo sistema nacional.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, dirigida por María Fernández, reclama al Estado que aclare el alcance del programa, su encaje jurídico y competencial, y las condiciones económicas necesarias para que pueda aplicarse en las islas.
Qué es el Abono Único estatal
El Abono Único es un billete de transporte del Estado que cuesta 60 euros al mes (30 euros para los menores de 26 años) y permite viajar sin límite en Cercanías, Media Distancia y guaguas estatales. Nació de un acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025 y este martes se ha formalizado mediante una orden ministerial publicada en el BOE.
Hasta ahora era solo un billete estatal, pero esta nueva orden abre la puerta a que comunidades autónomas y ayuntamientos se sumen de forma voluntaria, para que sus propios sistemas de transporte también acepten ese abono único. Es justo ahí donde surge el problema para Canarias: el texto no explica cómo encajaría el Bono Residente Canario en ese sistema ni quién pagaría los costes de integrarlo, lo que deja a las islas fuera, al menos por ahora.
Financiación y compensaciones, las grandes incógnitas
Fernández ha señalado que la publicación del BOE deja abiertas cuestiones fundamentales para determinar cómo se aplicaría el sistema en Canarias: el modelo de financiación, los mecanismos de compensación a administraciones y operadores, y la forma en que participarían las distintas autoridades de transporte competentes en el Archipiélago. "Tal y como está concebida la norma, Canarias no puede adherirse por su singularidad competencial", ha declarado.
El programa establece que la adhesión de administraciones ajenas al Estado será voluntaria, y prevé que los convenios recojan los aspectos financieros y de compensación. También atribuye al Ministerio la tarea de establecer un marco de financiación para compensar los impactos que la adhesión pueda suponer para las autoridades de transporte y operadores. Sin embargo, el documento no concreta todavía ese marco ni cómo se liquidarán las compensaciones, algo que Canarias considera esencial antes de plantearse cualquier incorporación.
La singularidad competencial canaria
La directora general ha insistido en que el encaje del programa debe tener en cuenta la realidad del Archipiélago, donde las competencias en materia de transporte están repartidas entre distintas administraciones. Por ello, el Ejecutivo reclama definir qué papel correspondería a Canarias en el sistema y cómo se integraría el Bono Residente Canario, cuya regulación es competencia autonómica.
El Gobierno canario también pide clarificar cómo se repartirían responsabilidades en materia de gestión, aplicación de condiciones de uso, inspección y régimen sancionador, antes de avanzar en un modelo que afecta a sistemas de transporte ya implantados y en funcionamiento en las islas.
Canarias ya se había ofrecido como territorio piloto
El Ejecutivo recuerda que el 8 de mayo de 2025 trasladó al Estado su disposición a convertirse en territorio piloto para la implantación del Título Único nacional de transporte, aprovechando el trabajo ya desarrollado en Canarias a través del Título Único Canario, con participación del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). La propuesta buscaba que el futuro sistema estatal tuviera en cuenta desde el inicio las particularidades del transporte insular.
El Gobierno canario ha trasladado además su preocupación porque la publicación del programa no fue abordada en la última Conferencia Sectorial de Transportes, donde no se informó a las comunidades autónomas de que el BOE recogería estos términos. Para el Ejecutivo, una iniciativa de este calado exige coordinación institucional y diálogo previo, especialmente allí donde ya existen sistemas tarifarios propios consolidados.
Fernández ha reiterado la disposición de Canarias a trabajar con el Ministerio para resolver las dudas planteadas: "El objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos es compartido, pero para hacerlo realidad en el Archipiélago es necesario tener en cuenta su singularidad y el particular reparto de competencias existente en materia de transporte".
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