Canarias quiere seguir controlando los aeropuertos cuando termine el estado de la alarma

El Gobierno de Canarias insistirá en poder seguir ejerciendo un control sobre el movimiento de pasajeros en puertos y aeropuertos como medida para frenar la expansión de la covid-19 más allá de este domingo, cuando decaiga el estado de alarma en España, en el marco de la estrategia contra la pandemia que abordará en su reunión de este mismo jueves."Nosotros hemos reclamado que sean obligatorios esos controles en puertos y aeropuertos, incluso decayendo el estado de alarma", porque son un elemento "clave, fundamental", para atajar la propagación de los contagios, que ha sido menor en el archipiélago que en otros lugares de España y Europa precisamente gracias a ellos, ha afirmado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.Cuestionado sobre qué planes de actuación proyecta aplicar su Ejecutivo en materia de seguridad sanitaria frente a la covid-19 si las medidas actualmente vigentes quedan sin efecto a consecuencia del anunciado fin del estado de alarma, Torres ha dicho que se informará de ello este jueves tras la reunión semanal de su Consejo de Gobierno, que tomará decisiones al respecto a partir de informes técnicos sobre sus opciones para, por ejemplo, limitar la concentración de ciudadanos o su movilidad.

📽️ @avtorresp subraya que es una "gran noticia" que no haya islas por encima del nivel de alerta 2. Apela a la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas y añade que el Gobierno estudia las fórmulas para mantener restricciones ante el previsible final del estado de alarma pic.twitter.com/jGpgoasUZz

— Presidencia GobCan (@PresiCan) May 4, 2021

Territorio fragmentado, clave

Eso es algo a lo que no quiere renunciar el Ejecutivo canario, que entiende que el hecho de tener su territorio fragmentado en ocho islas le permite controlar las entradas y salidas y conseguir que la velocidad de los contagios en cada una de ellas sea diferente y, en última instancia, trabajar para que "en todas puedan bajar" los niveles de incidencia de la pandemia, ha argumentado Torres.El presidente ha matizado en todo caso que, a fin de poder prolongar sin el amparo legal que les otorga el estado de alarma esos controles, "tienen que arbitrarse mecanismos para que tengamos cobertura jurídica para restringir movilidad en las islas cuando sea preciso".Y todo ello, además, adaptando las decisiones de la comunidad autónoma a las normas que ha aprobado el Gobierno de España en relación a la pandemia y el estado de alarma en un nuevo decreto ley que todavía hay que estudiar, ha añadido."Por tanto, estamos hoy analizando y mañana tendremos Consejo de Gobierno. Al acabar ese Consejo, expondremos cuál es el planteamiento del Gobierno de Canarias en caso de que finalmente decaiga el estado de alarma", ha resumido.

Reforzamos la sanidad pública con servicios al máximo nivel asistencial. Aumentamos un 10% la flota del Transporte Sanitario No Urgente, y las horas de servicio. Asistimos a la presentación de nuevas ambulancias en Canarias, que serán 378 unidades por 185 millones de euros. pic.twitter.com/oUItxqJxSl

— Ángel Víctor Torres (@avtorresp) May 5, 2021

Trabajan en un paraguas legal para las medidas

Ángel Víctor Torres ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en Telde, tras presentar la nueva flota de ambulancias del transporte sanitario no urgente para la isla de Gran Canaria, en un acto en que ha participado también el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que ha respaldado sus palabras."Tenemos a los servicios jurídicos ahora mismo estudiando cuáles son las posibilidades que tenemos, y mañana lo discutiremos en el Consejo de Gobierno", ha apuntado.Trujillo ha subrayado, al igual que el presidente, la necesidad de buscar vías legales que posibiliten aplicar las medidas que se barajan, pues afectan a "temas que tienen relación con toque de queda, limitación de movilidad, restricción del número de personas que se puedan reunir" y, en consecuencia, "tienen que ver con derechos fundamentales".Por ello, necesitan ver "los informes que preparan los servicios jurídicos y, en función de las distintas posibilidades, adoptar las medidas que procedan", ha sido la conclusión del consejero de Sanidad.