El Gobierno de Canarias ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación de la Ley de Dependencia para eliminar las reducciones automáticas que se aplican a las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) cuando sus beneficiarios perciben otras ayudas de naturaleza similar.
La petición ha sido trasladada al ministro Pablo Bustinduy mediante una carta enviada por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, según ha informado este viernes el Ejecutivo autonómico.
El artículo 31
El artículo 31 de la normativa estatal establece que las prestaciones de dependencia deben reducirse cuando la persona beneficiaria recibe determinadas ayudas procedentes de otros regímenes públicos.
Entre ellas figuran el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo con una discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento por necesidad de tercera persona de las pensiones no contributivas o el subsidio de ayuda a tercera persona.
Delgado considera que este sistema provoca que el reconocimiento de un nuevo derecho en materia de dependencia no se traduzca en un incremento real de los recursos disponibles para cubrir las necesidades de cuidados y apoyo.
La consejera ha advertido de que estas deducciones pueden "neutralizar el derecho" y contribuir a cronificar la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente en familias que afrontan de forma simultánea situaciones de discapacidad y dependencia.
Más gastos para las familias
El Gobierno de Canarias recuerda que las personas en situación de dependencia deben afrontar gastos vinculados a la atención personal, la supervisión y los cuidados continuados, además de productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento y movilidad.
También señala los costes relacionados con la permanencia en el domicilio y otras necesidades directamente vinculadas con la autonomía y la calidad de vida de las personas dependientes.
Compatibilidad para todos los grados
El Ejecutivo autonómico ha señalado que esta cuestión se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, aunque la propuesta que se debate plantea eliminar las reducciones automáticas únicamente para las situaciones de dependencia extrema, correspondientes al nuevo Grado III+.
Canarias considera insuficiente limitar esta mejora a ese colectivo y reclama que la compatibilidad total entre prestaciones se extienda también a las personas reconocidas en los demás grados de dependencia.
La comunidad autónoma sostiene que estos beneficiarios también afrontan costes elevados derivados de sus necesidades de cuidados y apoyo.
Además, el Gobierno canario pide que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de una evaluación económica y de una previsión de financiación para evitar que el incremento del coste recaiga exclusivamente sobre las comunidades autónomas.
Cambios en los servicios sociales
Por otra parte, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este viernes el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, una reforma destinada a adaptar el funcionamiento, la acreditación y la calidad de los centros y servicios dirigidos a promover la autonomía personal y atender a las personas en situación de dependencia.
La modificación permitirá simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios mediante la presentación de una declaración responsable.
Según el Ejecutivo autonómico, esta medida permitirá reforzar la capacidad del sistema para responder ante situaciones de insuficiencia de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones y situaciones de urgencia social.
También busca garantizar la continuidad asistencial y responder a necesidades relacionadas con la cohesión social y los desequilibrios territoriales.
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