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Imagen alusiva a una persona dependiente. / PIXABAY

Canarias reclama modificar la ley de Seguridad Social tras alcanzar un acuerdo sobre las pensiones

El reclamo se produce tras alcanzar un acuerdo por las discrepancias manifestadas por el complemento de 400 euros del Gobierno de Canarias

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reclamado la necesidad de modificar la Ley de la Seguridad Social tras alcanzar un acuerdo sobre las discrepancias manifestadas en los Presupuestos canarios de 2026, que también afectaban al complemento de las pensiones no contributivas.

Finalmente, se ha acordado mantener la disposición cuadragésimo cuarta relacionada con este complemento económico, al entender que no es inconstitucional. Desde el área señalan que el complemento de 400 euros fue concebido para reforzar las rentas bajas ante la demora del Estado en modificar la Ley de la Seguridad Social.

Reclaman cambios en la Ley de la Seguridad Social

Desde Bienestar Social apuntan en un comunicado que el Gobierno de España debe ahora plasmar este acuerdo por escrito y avanzar en la modificación normativa necesaria para garantizar esta ayuda económica a los beneficiarios canarios. “Si realmente tienen voluntad de ayudar, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es modificar la Ley de la Seguridad Social para que la ciudadanía de Canarias pueda contar con esta ayuda que, en muchos casos, es casi vital”, señaló.

Por ello, anuncian que ya se ha acordado el pago de los primeros 200 euros. La consejera subrayó además que el Ejecutivo autonómico buscó una fórmula que permitiera conceder este complemento económico sin que las personas beneficiarias perdieran el derecho a la pensión no contributiva por superar el límite máximo de ingresos establecido.

Pendientes de la firma definitiva

“El complemento procede de los presupuestos de la comunidad autónoma y queríamos evitar que su percepción perjudicara a quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, explicó Delgado.

La consejera indicó que el acuerdo quedó cerrado la semana pasada, aunque reconoció que el Gobierno de Canarias desconoce si el documento definitivo ya ha sido firmado por el Ejecutivo central.

“Es una cuestión en la que veníamos trabajando desde hace tiempo porque beneficia a las personas con más dificultades económicas”, concluyó la consejera de Bienestar Social.