La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad —liderada por Nieves Lady Barreto— celebró este sábado un acto institucional con motivo del Día en Memoria de los Menores Robados y sus familias, para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en el archipiélago durante la dictadura y los primeros años de la democracia.
El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, recordó en un comunicado que es el segundo año que el Ejecutivo canario organiza este reconocimiento, en cumplimiento de la ley canaria 13/2019, de 25 de abril, que regula el derecho a la identidad y aborda casos de sustracción de menores.
Comisión de identidad
Destacó la constitución en marzo del año pasado, a raíz de esta norma, de la Comisión del Derecho por la Identidad de los niños robados.
Durante el acto, el viceconsejero leyó una declaración en la que la Consejería "reconoce públicamente la gravedad de los hechos vinculados a la sustracción de recién nacidos ocurridos en Canarias y manifiesta el compromiso firme e inequívoco del Gobierno con las personas afectadas, tanto quienes fueron sustraídas como sus familias biológicas y adoptivas de buena fe, expresando el respeto y la solidaridad con su prolongada búsqueda de la verdad".
Compromiso del Gobierno
El Gobierno canario se ha comprometido a impulsar el cumplimiento efectivo de la ley sobre menores robados en las islas, a esclarecer los hechos, abrir y conservar archivos y registros, así como a promover actuaciones de reparación moral y simbólica en el marco de las políticas de memoria democrática, que contribuyan a dignificar a las víctimas.
"Se trata de visibilizar y no olvidar una realidad histórica, garantizar y proteger el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño emocional que han padecido las víctimas durante décadas", indicó Rodríguez, destacando la necesidad de "evitar la confusión y la desinformación".
Durante el acto se proyectó un video de la artista Espe Pons sobre el proyecto fotográfico 'Cosmos', encargado por el Gobierno de Canarias, que visibiliza, según la autora, "la organización y el orden de la trama que existió en el robo de los menores en las islas" durante el franquismo.