La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias trabaja en el primer decreto autonómico para regular los vertidos desde tierra al mar en las islas. La norma busca reforzar la protección de los ecosistemas marinos y ordenar una materia que, hasta ahora, no contaba con un marco propio en el archipiélago.

El documento se encuentra actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el próximo 30 de junio a través del portal de participación del Gobierno de Canarias. La Consejería plantea esta herramienta como una forma de simplificar los trámites, agilizar los procedimientos y dar mayor seguridad jurídica a administraciones, empresas y ciudadanía.

Un marco propio para Canarias

La elaboración del decreto responde a una problemática que Canarias arrastra desde hace años: la falta de una regulación autonómica específica para gestionar los vertidos al mar. Hasta ahora, las islas se apoyaban en normativa estatal general y en documentos orientativos sin carácter vinculante.

Esa situación, según la Consejería, generaba dificultades administrativas y falta de homogeneidad en los procedimientos. Con la nueva norma, el Gobierno canario quiere establecer criterios comunes para todo el archipiélago y reforzar el control sobre este tipo de autorizaciones.

Protección del medio marino

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, ha señalado que esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta de la Consejería para avanzar en la protección efectiva del medio marino. “Canarias lleva demasiado tiempo conviviendo con una realidad que requiere soluciones decididas y planificación”, ha afirmado.

Montañés ha defendido que el objetivo es que las costas y los entornos marinos de las islas “gocen de buena salud” y cuenten con herramientas suficientes para garantizar su conservación y recuperación. También ha recordado que el pasado año se presentó la actualización del censo de vertidos de Canarias, que permitió contar con una radiografía actualizada de la situación.

Autorizaciones y control

La futura norma permitirá crear por primera vez un procedimiento autonómico específico para solicitar, tramitar y conceder autorizaciones de vertido. También definirá de forma homogénea los límites de emisión, los mecanismos de control y seguimiento, y las condiciones que deberán cumplir esas autorizaciones.

Entre los objetivos principales del decreto figuran la regulación del canon de vertido, la creación de un registro público de autorizaciones y la integración de estos procedimientos con las concesiones vinculadas al dominio público marítimo-terrestre.

Adaptar las autorizaciones existentes

El texto también pretende ordenar los plazos y condiciones de revisión, renovación, caducidad y extinción de las autorizaciones. Además, establecerá un régimen transitorio para adaptar las ya existentes al nuevo marco normativo.

Con este decreto, el Gobierno de Canarias busca dar un paso más en la gestión de los vertidos y en la protección de las costas, con una regulación que permita mejorar la inspección, reducir la dispersión de criterios y avanzar hacia una mayor seguridad ambiental.