El Gobierno de Canarias ha acordado este miércoles presentar un requerimiento previo al Ejecutivo central frente al Real Decreto 905/2025, que modifica la normativa sobre la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios, pues el texto "no reconoce la realidad del archipiélago" ni respeta sus competencias.
Según ha explicado el Ejecutivo regional, esta decisión se adopta después de que el Estado no haya respondido a las alegaciones remitidas por Canarias el pasado mes de abril. En aquel documento, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura advertía que el decreto invade competencias autonómicas y desatiende la singularidad geográfica y poblacional del territorio, tal y como recogen la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Requisitos discriminatorios
Entre los aspectos más controvertidos, Canarias considera discriminatorios algunos requisitos del nuevo decreto, como la obligación de fijar un número mínimo de estudiantes en los primeros años, ofertar titulaciones en distintas ramas del conocimiento o disponer de alojamiento para parte del alumnado, medidas que —según el Gobierno— no se ajustan a territorios fragmentados y con menor densidad demográfica, como el canario.
La consejera Migdalia Machín defendió que el Estado “no puede legislar como si todos los territorios compartieran las mismas condiciones geográficas, poblacionales o económicas”. “Canarias es un archipiélago con un sistema universitario distribuido y realidades muy distintas entre islas. Ignorar esa circunstancia supone desconocer nuestra singularidad y poner en riesgo los principios de equilibrio y cohesión territorial”, subrayó.
Machín insistió en que el paso dado por el Gobierno “no es un gesto de confrontación, sino una defensa legítima del autogobierno y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior”.
Invasión de competencias
El Ejecutivo autonómico también advierte de que el nuevo Real Decreto invade competencias al otorgar carácter vinculante a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), incluso en comunidades que disponen de agencias propias registradas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR).
En el caso de Canarias, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) cuenta con ese reconocimiento europeo, lo que, según el Gobierno, avala su solvencia técnica y su capacidad para evaluar instituciones y programas conforme a los estándares internacionales del Espacio Europeo de Educación Superior.
El acuerdo aprobado este miércoles constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, conforme a la legislación vigente.