La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. AH
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. AH

Canarias se pone plazo con la dependencia: promete resolver nueve de cada diez expedientes en seis meses

Canarias aún tarda una media de 283 días en resolver estos procedimientos y mantiene a miles de personas en lista de espera

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ariadna

La dependencia en Canarias arrastra desde hace años uno de sus mayores problemas: el tiempo que pasa desde que una persona solicita ayuda hasta que finalmente recibe una prestación o un servicio. Aunque los plazos se han reducido con fuerza en los últimos meses, el Archipiélago continúa entre las comunidades con mayores esperas.

Ahora, la Dirección General de Dependencia se pone por escrito un objetivo concreto: resolver al menos nueve de cada diez expedientes completos en un máximo de seis meses. Es uno de los compromisos incluidos en su nueva Carta de Servicios, publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Plazo de la normativa

La cifra puede parecer una nueva meta, pero esos seis meses no son un plazo nuevo. Es el máximo que ya establece la normativa para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia y aprobar el Programa Individual de Atención (PIA). La novedad es que la Dirección General se compromete ahora a que al menos el 90% de los procedimientos completos consigan cumplirlo.

El plazo se contará desde la entrada de la solicitud o, cuando falte documentación necesaria, desde el momento en que el expediente esté completo. Además, Dependencia tendrá que medir semestralmente cuánto se acerca a esa meta y publicar cada año los resultados, las desviaciones detectadas y, en su caso, las medidas adoptadas para corregirlas.

283 días actuales

El compromiso llega cuando la realidad todavía está por encima de ese límite. Según los últimos datos difundidos por la propia Consejería de Bienestar Social, el tiempo medio de resolución se situó en julio en 283 días, frente a los 782 que se contabilizaban en el mismo mes de 2023. Es la primera vez desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia que Canarias baja de los 300 días. 

La mejora, por tanto, es considerable, pero el promedio continúa lejos de los 180 días que marca el plazo legal. Bienestar Social sostiene que parte de esa diferencia se debe al peso de expedientes antiguos todavía pendientes y asegura que las nuevas solicitudes se están resolviendo actualmente en torno a 89 días.

Limbo de la dependencia

Canarias cerró el primer semestre de 2026 con 15.802 personas todavía en la lista de espera de la dependencia, pese a haber reducido esa cifra en 6.221 personas durante los primeros seis meses del año.

El Archipiélago seguía, además, encabezando el denominado “limbo de la dependencia”, es decir, el porcentaje de personas que tienen reconocido el derecho pero aún esperan por una prestación o servicio. El Observatorio Estatal de la Dependencia situaba ese indicador alrededor del 19% y calculaba que el 18,3% de las personas con derecho reconocido permanecían en lista de espera.

Compromisos

La nueva Carta de Servicios no se queda en resolver el expediente. Dependencia también se compromete a que el 85% de los nuevos PIA se conviertan realmente en una prestación económica o servicio en un máximo de 90 días desde su aprobación.

Ese segundo plazo pone el foco en otra parte del camino: una persona puede tener ya reconocida su dependencia y aprobado qué recurso le corresponde, pero eso no implica necesariamente que empiece a recibirlo de forma inmediata. El indicador excluirá aquellos retrasos que no sean responsabilidad de la Administración, como la falta de documentación, renuncias, imposibilidad de localizar a la persona interesada o aplazamientos solicitados por ella.

Diez días para responder 

Hay un tercer compromiso, más relacionado con la atención diaria. La Dirección General fija como objetivo responder al menos al 90% de las consultas escritas en un máximo de diez días hábiles, ya sean dudas sobre procedimientos, prestaciones o sobre la situación de los expedientes.

La Carta de Servicios no supone por sí sola que desaparezcan las listas de espera ni modifica los derechos establecidos en la Ley de Dependencia. Funciona como un compromiso público que permitirá medir a la propia Administración con sus objetivos. Y, en un sistema que todavía arrastra miles de personas esperando y una media de 283 días para resolver, la diferencia estará en si esos porcentajes pasan del BOC a la realidad.

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