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Imagen de una pareja comprando una vivienda / CANVA

Canarias sube a 40 años la edad máxima para acceder a ayudas por la compra de vivienda

La medida, que entrará en vigor en 2026, amplía también los límites de renta y refuerza las bonificaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para facilitar el acceso a la primera vivienda

El Gobierno de Canarias ampliará a partir de 2026 las bonificaciones fiscales para la compra de una primera vivienda, con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad y aliviar las dificultades de emancipación, especialmente entre los jóvenes.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, anunció en el Parlamento que el Ejecutivo incrementará la dotación presupuestaria destinada a estas ayudas y elevará tanto la edad de los beneficiarios, de 35 a 40 años, como los límites de renta para poder acogerse a ellas.

Más apoyo para la compra de vivienda

Las mejoras se aplicarán a las bonificaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), dos tributos que se abonan al adquirir una vivienda usada. Según Asián, las nuevas condiciones harán que las ayudas sean “reales y efectivas”, adaptadas al contexto actual del mercado inmobiliario y de los ingresos medios en las islas.

La consejera explicó que estas medidas estarán incluidas en los Presupuestos autonómicos de 2026, aunque advirtió de que su alcance está condicionado por las restricciones de gasto y el superávit exigido por el Gobierno de España.

Petición de “emergencia demográfica”

Durante el debate, el diputado de Vox Nicasio Galván consideró que emanciparse antes de los 40 años es prácticamente una utopía y pidió al Ejecutivo canario que declare una “emergencia demográfica” para impulsar la natalidad y la formación de familias.

Galván subrayó que el Gobierno “tiene aún mucho recorrido” para facilitar el acceso a la vivienda y criticó la falta de eficacia en la gestión de los fondos destinados a políticas de vivienda.