Varios funcionarios de prisiones canarias se desplazaron este martes a Madrid para sumarse a una manifestación que tenía el objetivo de pedir más seguridad en las cárceles de toda España. El encuentro en la capital, organizado por el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM), congregó a miles de trabajadores de todo el país que alzaron la voz y pidieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Gonzalo Legazpi, delegado de TAMPM en Las Palmas, asegura en declaraciones a Atlántico Hoy que la razón que los llevó a congregarse allí fueron las últimas agresiones que han sufrido algunos funcionarios de prisiones.

"Política del buenismo"

Según calculan, se produce una cada 14 horas. Explica también que en los últimos meses ha habido un cambio en la política penitenciaria a la hora de distribuir a los presos. Considera que en España ha imperado “una política del buenismo” que ha pretendido camuflar ciertos peligros.

“La Secretaría General ha dado órdenes a los directores y de que los internos peligrosos no se clasifiquen en primer grado, es decir, que vayan a unos patios comunes. Son internos que han agredido a funcionarios física o sexualmente, como ha pasado con varias compañeras”, subraya.

Equiparación

Considera fundamental que los funcionarios de prisiones sean considerados como agentes de la autoridad porque son una profesión de riesgo. Resalta que piden el principio de indemnidad: “Le están dando más veracidad a un interno ahora mismo que a nosotros”.

Además, solicitan una equiparación con los de Cataluña y País Vasco. “Mismo trabajo, mismas condiciones”, sentencia. Legazpi pone sobre la mesa que Las Palmas II (Juan Grande) está catalogada como la cuarta prisión de España que más incidentes registra.

"Una calma tensa"

Señala que en la cárcel grancanaria llevan una temporada viviendo “una calma tensa”. “Pero esto es cíclico, igual en un mes se producen cinco agresiones en una semana”, aclara. “La medida jurídica de agentes de la autoridad nos daría un poco más de seguridad por el simple hecho de que si un interno te agrede le caería más condena”, añade.

Protesta porque la posibilidad de aprobar esa fórmula el Gobierno de España “la tiene paralizada con prórrogas”. Pero la cosa no queda ahí, apunta que echan en falta más compromiso por parte de los grupos políticos que conforman el Ejecutivo nacional a la hora de posicionarse a favor de los funcionarios.