El acceso a la vivienda, tanto de alquiler como en venta, está cada más complicado, pero hay quienes sufren aún más este panorama desolador y son las personas migrantes, quienes se enfrenta a una discriminación sistemática por parte de los propietarios y secundadas por el sector inmobiliario. 

Así lo ha denunciado Fernando Rodríguez García, director territorial de Provivienda en Canarias, durante unas jornadas organizadas por CEAR en Casa África, donde presentó el último informe de la entidad, publicado en mayo de este año, titulado Se alquila. Racismo inmobiliario. En él se destaca que más y más inmobiliarias, hasta el 99%, cometen prácticas racistas.

Depende del acento

El estudio se elaboró mediante una metodología de testing, con más de 600 llamadas en las que miembros de la organización se hacían pasar por propietarios que pedían explícitamente excluir a personas de nacionalidad africana o latinoamericana. “En el 99 % de los casos, aceptaban publicar el anuncio con ese criterio”, ha señalado Rodríguez. 

Y, cómo no, este fenómeno no solo afecta a los anuncios, también se produce una discriminación directa en la atención a los potenciales inquilinos. Según el responsable de Provivienda en la islas, “cuando llama alguien con acento español, se concierta la visita o se ofrecen facilidades. Pero si llama alguien con acento extranjero, la vivienda ya no está disponible o se añaden condiciones que antes no existían”. 

Aumento del racismo

Esta situación de racismo se ha agravado en los últimos años. “En el primer informe, en 2020, un 72,4 % aceptaba el trato discriminatorio; ahora es el 99 %. Es un aumento de más de 30 puntos”, ha resaltado Rodríguez. 

Provivienda insiste en que esta discriminación se suma a las dificultades que ya enfrenta de por sí la población por la escasez de oferta y los precios altos, por lo que supone “una doble barrera: la económica y la discrimantorio” para las personas migrantes. 

Riesgo de sinhogarismo

Además, Rodríguez recuerda que estas prácticas discriminatorias se concentran en el alquiler porque la compra de vivienda está fuera del alcance de muchos migrantes: “Para acceder a la compraventa se requiere una estabilidad laboral y económica que muchas de estas personas no tienen. Por eso solo les queda el alquiler, y ahí es donde se concentran las barreras”.

Todo ello conduce al riesgo de sinhogarismo entre los colectivos más vulnerables, sobre todo jóvenes migrantes que al cumplir la mayoría de edad deben abandonar los centros de menores. “Si no hay una alternativa residencial de continuidad, muchos terminan en la calle o en infraviviendas con condiciones muy dudosas”, alerta. 

Delito de odio

Para combatir estas prácticas, Provivienda cuenta con un buzón de denuncia abierto tanto a víctimas como a testigos. “Tenemos un equipo jurídico que acompaña los casos y los tramita, incluso vía judicial si es necesario. En algunos casos logramos acuerdos antes de ir a juicio”, cuenta Rodríguez. 

Un ejemplo reciente se produjo en Gran Canaria, donde se logró un laudo que obligó a una inmobiliaria a indemnizar con 4.000 euros por daños morales a una mujer marroquí con nacionalidad española que fue discriminada al intentar alquilar una vivienda. Rodríguez destaca que “el acuerdo incluyó además que la inmobiliaria ofreciera un trato preferente en futuras visitas y que su personal hiciera un curso de formación en prácticas no discriminatorias”. 

Regular los requisitos

Más allá de la atención directa, Provivienda trabaja en incidencia política y social. En 2024, junto con más de 50 entidades, presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

“Pedimos que se regule no solo qué requisitos pueden exigirse, sino la documentación que se puede pedir. No solo por las personas migrantes, sino por todos: jóvenes, familias monoparentales, la población más vulnerable que no puede cumplir requisitos inalcanzables”, concluye el responsable de la entidad en el Archipiélago.