Uno de los mayores escándalos de blanqueo de capitales en la historia judicial de Canarias ha llegado a su fin. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Vladimir Kokorev y su esposa, Yulia Maleeva, por ocultar durante más de una década 58 millones de euros obtenidos de contratos con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Ambos han aceptado penas de prisión ya cumplidas en preventiva y una multa conjunta de 35 millones de euros, lo que ha evitado la celebración del juicio oral.
La pareja ha reconocido haber utilizado una red de sociedades opacas registradas en Panamá, Seychelles y otros paraísos fiscales para recibir comisiones derivadas de la compraventa de buques, lanchas, helicópteros y otro material con el régimen de Teodoro Obiang. El dinero fue canalizado a través de complejas estructuras financieras para evitar su rastreo por la Hacienda española, y posteriormente invertido en patrimonio inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Lanzarote y Suiza.
Decenas de bienes y cuentas
El tribunal ha decretado el decomiso de decenas de bienes inmuebles y cuentas bancarias asociadas a la trama, así como la ejecución internacional de activos bloqueados en Suiza, lo que permitirá recuperar fondos públicos por valor superior a los 30 millones de euros. Además de los Kokorev, han sido condenados el asesor fiscal Juan Arencibia —clave en el diseño del entramado financiero— y sus hermanas, utilizadas como testaferros en empresas pantalla como Phase Invest y Blue Profile.
El fallo judicial considera probado que el matrimonio “blanqueó sistemáticamente beneficios no declarados a través de estructuras creadas para encubrir su origen ilícito” y que su hijo, Igor Kokorev, no tuvo participación en los hechos, siendo absuelto. El caso, que comenzó en 2009 y ha requerido comisiones rogatorias internacionales, marca un hito en la lucha contra la delincuencia económica transnacional desde España.
Conformidad
La Fiscalía y las partes implicadas aceptaron la condena por conformidad, lo que permitió una resolución rápida tras años de instrucción y dilaciones. Con esta sentencia, se cierra un proceso judicial que ha durado más de 16 años y ha revelado cómo una red global pudo ocultar millones de euros bajo apariencia de legalidad.