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Mukesh Daswani, principal investigado en el caso Tradex. / Montaje AH

'Caso Tradex': el juicio contra el canario Mukesh Daswani se extenderá de noviembre a enero

La Audiencia de Santa Cruz celebra entre el 5 de noviembre y el 20 de enero de 2026 el juicio del “caso Tradex”, una estafa piramidal que habría defraudado entre 2,5 y 3 millones de euros a 120 afectados

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto celebrar entre el 5 de noviembre y el 20 de enero de 2026 el juicio del conocido como "caso Tradex": una presunta estafa piramidal que rondaría los 2,5 y los 3 millones de euros con 120 personas afectadas.

En la vista previa se leyó el escrito de Fiscalía, donde se recogen las cantidades que se debería devolver a cada uno de los estafados, y se plantearon varias cuestiones previas.

Defensa

Una de las defensas pidió la nulidad del proceso alegando un conflicto de intereses entre despachos, ya que según la letrada uno de los procesados acudió a un bufete de la acusación como afectado, llegó a montar una plataforma y luego se demostró que era encausado.

La abogada cree que, por lo tanto, el anterior despacho pudo disponer de información privilegiada, argumento que ha sido rechazado en principio por la Sala.

Planificación del juicio

La Sala ha concluido que cada semana se celebren tres sesiones, en cada una de las cuales declararán diez perjudicados, y al final lo harán los dos acusados principales y una tercera, a la que se le atribuye haber recibido más de 327.500 euros en viajes, estancias en hotel y demás gastos sin tener constancia del origen del dinero.

Las cantidades estafadas oscilan entre un mínimo de 2.000 euros y hasta 78.000 como máximo, por lo que el Ministerio Público solicita que se les imponga a uno de los procesados 12 años de prisión, ocho por el cargo de estafa agravada y cuatro por frustración en la ejecución, dadas las dificultades para cobrar las deudas. Al otro encausado se le pide de 3,5 a  6 años de cárcel por los mismos presuntos delitos

Devolución de lo defraudado

A ambos detenidos se le solicita la devolución de las cantidades defraudadas más los intereses. También se pide a la pareja sentimental del primer encausado que devuelva los mencionados 327.500 euros.

Según el relato de la Fiscalía, los encausados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y de esta manera captaban fondos a cambio de altas rentabilidades que, a veces, llegaban hasta el 50% del capital entregado en un plazo de dos meses, entre otro tipo de operaciones similares.

Al principio, cumplía

Añade el relato que, confiados, los clientes realizaron aportaciones formalizando contratos de préstamos o efectivo y el principal procesado les iba informando periódicamente de que sus fondos obtenían los beneficios prometidos enviándoles supuestos reportes para probarlo.

Al principio, el encausado principal cumplía con las altas rentabilidades prometidas que eran satisfechas a clientes que volvían a invertirlas y a los que se sumaban otros nuevos.

Aparentar más solvencia

El segundo acusado estaba al tanto de la operativa del primero y por ello comenzó a colaborar con éste en la captación de clientes, de manera que para aparentar mayor solvencia y seriedad alquilaron unas serie de oficinas en Santa Cruz y se publicitaron por medio de las redes sociales.

Juntos constituyeron una sociedad mercantil, Tradex, de la que eran administradores solidarios pero cuyo fin era igualmente dar mayor credibilidad a la empresa.

Incumplir pagos

Según el relato de la Fiscalía, una vez captado un elevado número de clientes estos comenzaron a incorporar las inversiones a su propio patrimonio, excepto cuando éstos solicitaban la devolución o los intereses.

Como consecuencia de lo “insostenible” del sistema -que exigía nuevos inversores para cumplir con las obligaciones de los anteriores-, comenzaron los incumplimientos de pagos “provocando que todo el entramado quedase al descubierto”.

Emiratos Árabes

A través del mismo relato, cuando los procesados se dieron cuenta de la situación y de que se iba a producir un colapso, habrían llevado a cabo operaciones para salvaguardar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes, donde uno de ellos intentó sustraerse de la acción de la Justicia.

También abrieron cuentas corrientes en Lituania y Reino Unido cuyos fondos eran convertidos en criptomonedas en una plataforma cuyo domicilio estaba situado en las Islas Seychelles