El responsable del sector de ambulancias de CCOO Canarias, Enrique Espi, ha acusado al Gobierno de Canarias de haber intervenido "de forma negativa" en el conflicto abierto por las condiciones laborales del transporte sanitario y de priorizar los intereses de las empresas adjudicatarias frente a los trabajadores.
Durante una comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, Espi ha negado que la consejera del área, Esther Monzón, se haya reunido con ambas partes para tratar de desbloquear la negociación, pues, según aseguró, solo ha mantenido encuentros con la parte empresarial.
Reclamaciones laborales
El representante sindical ha afirmado que el sector arrastra un problema "histórico" de precariedad laboral y económica y ha cifrado en cerca del 25 % la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los trabajadores, con salarios que, según indicó, en algunos casos no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Espi ha reclamado que la actualización salarial se aplique durante 2026 con carácter retroactivo desde el 1 de enero y ha rechazado que los trabajadores tengan que esperar hasta finales de 2027 o comienzos de 2028, cuando previsiblemente entre en vigor la próxima adjudicación del servicio.
Impacto en el sector
“Los técnicos en emergencias sanitarias hemos dicho basta”, ha aseverado Espi, quien ha advertido de que muchos profesionales deben realizar un elevado número de horas extraordinarias o buscar un segundo empleo para llegar a final de mes, con el consiguiente impacto sobre la conciliación familiar.
CCOO calcula que el conflicto afecta a unas 2.500 familias y ha alertado de que las condiciones laborales pueden provocar una fuga de profesionales hacia otros sectores, pese a la responsabilidad que asumen quienes prestan la primera atención sanitaria extrahospitalaria.
Fiscalización e internalización
Espi ha defendido además, junto a varios grupos parlamentarios de la oposición, la internalización del transporte sanitario como solución estructural y ha reprochado al Gobierno que mantenga “en un cajón” el estudio acordado para analizar la viabilidad de asumir directamente el servicio.
También ha acusado a la Administración de ejercer una fiscalización "ineficaz" sobre las adjudicatarias y ha apuntado que a las empresas “les sale rentable incumplir” las condiciones del contrato, ante la falta de inspecciones y penalizaciones efectivas.
Deficiencias del servicio
Como ejemplo, Espi ha expuesto la existencia de ambulancias con cerca de un millón de kilómetros y un mantenimiento deficiente, así como servicios en los que, según el sindicato, se utiliza menos personal o menos vehículos de los abonados con fondos públicos.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Costeras, ha recordado que el transporte sanitario es una de las principales concesiones del Gobierno autonómico y un servicio público esencial, por lo que la Administración tiene responsabilidad sobre su calidad y sus condiciones de prestación.
Comisión de seguimiento
Costeras ha explicado que al final de la anterior legislatura, tras una huelga, se acordó con la Consejería de Sanidad crear una comisión de fiscalización y realizar un estudio sobre la internalización, compromisos que, según ha lamentado, no se han desarrollado.
El sindicato entregó entonces informes sobre zonas en las que presuntamente operaban menos ambulancias de las contratadas y sobre trayectos que debían contar con dos profesionales, pero eran realizados por uno solo, pese a que la Administración pagaba por ambos.
Pendientes de la negociación
Costeras ha manifestado que la comisión llegó a reunirse en dos ocasiones, pero dejó de funcionar después de que la Consejería alegara que no podía comprobar cuestiones laborales por no ser la Inspección de Trabajo, pese a que los servicios jurídicos habían avalado la capacidad del Gobierno para fiscalizar el cumplimiento del contrato.
CCOO ha confiado, en cualquier caso, en poder avanzar en una nueva reunión con los empresarios prevista para este viernes, aunque Costeras ha subrayado que el Gobierno de Canarias debería escuchar a ambas partes antes de definir la financiación de las prórrogas y del próximo concurso del transporte sanitario.
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