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Imagen de una granja de engorde de atún rojo en el Cantábrico / EFE

Qué es el cerco del atún rojo que la UE quiere probar en Canarias y por qué genera rechazo

La UE plantea un proyecto piloto para introducir pesca industrial con cerco y jaulas de engorde en Canarias, una propuesta que el sector pesquero, los cabildos y los ecologistas consideran insostenible y amenazante para el ecosistema y la pesca artesanal

En Canarias, donde la pesca tradicional forma parte del pulso económico y cultural del archipiélago, pocas iniciativas han despertado tanta inquietud como el proyecto piloto impulsado por la Unión Europea para evaluar la pesca industrial de atún rojo y rabil mediante cerco, junto a su engorde posterior en jaulas marinas.

La propuesta, presentada ante la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) a petición del Gobierno de España, abre la puerta a modificar un modelo pesquero histórico y ha provocado una respuesta contundente del sector, de los cabildos y de las organizaciones ecologistas. Sobre la mesa no solo se discute una técnica de captura, sino la redefinición del equilibrio entre sostenibilidad, economía y gestión del mar en uno de los caladeros más singulares del Atlántico.

El proyecto europeo

El proyecto, recogido en el documento PA2_609/2025, plantea estudiar si el Atlántico oriental y, en particular, la zona FAO 34.1, correspondiente a Canarias, es adecuada para capturar atunes jóvenes con red de cerco, trasladarlos a jaulas de engorde y alimentarlos hasta alcanzar un tamaño comercial para su venta.

Este sistema, que ya opera en el Mediterráneo y que se prueba en el Cantábrico con iniciativas como ItsasBalfegó, pretende consolidarse como un modelo de producción estable. Sin embargo, la realidad ecológica y socioeconómica del archipiélago es muy diferente, y ahí radica gran parte de la contestación.

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Qué es el cerco

La pesca con red de cerco, prohibida en Canarias para capturar túnidos, consiste en rodear bancos de peces con una red que se cierra por debajo como una bolsa gigante. Su eficacia es alta, pero su impacto también. Las especies migratorias como el atún rojo y el rabil suelen desplazarse acompañadas de delfines, tiburones, tortugas u otros pelágicos, y ese vínculo convierte la técnica en un método poco selectivo, capaz de capturar animales protegidos.

Además, la captura masiva altera el equilibrio de especies que sostienen la cadena alimentaria y amenaza la base de la pesca artesanal, que ha desarrollado métodos selectivos como la caña y el anzuelo.

Imagen de la pesca de atún rojo / EFE

Las jaulas de engorde

A esta preocupación se añade el impacto de las jaulas de engorde, un modelo que requiere grandes cantidades de peces salvajes como alimento y que genera residuos orgánicos capaces de alterar el fondo marino. La introducción de ejemplares jóvenes en estos sistemas intensivos suscita además dudas sobre la capacidad reproductiva de las poblaciones.

El Cabildo de Gran Canaria ha calificado el proyecto como un "riesgo ecológico sin precedentes", alertando de que el engorde industrial podría dañar hábitats frágiles y aumentar la presión sobre recursos ya tensionados por los cambios ambientales.

Rechazo pesquero

La respuesta del sector pesquero ha sido unánime. Las federaciones de cofradías de ambas provincias han expresado su “más rotundo rechazo” y exigen la retirada inmediata del proyecto. Consideran que la iniciativa no beneficia a la flota canaria, sino a intereses industriales externos al archipiélago.

Temen que la convivencia con barcos industriales suponga un golpe definitivo a una flota que depende de un acceso regulado y sostenible a los recursos. Advierten incluso de que la introducción del cerco podría provocar una “muerte natural” del caladero canario, eliminando pelágicos esenciales como caballas o sardinas.

Respuesta política

La política insular se ha alineado también con este rechazo. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha advertido que la iniciativa supondría un cambio traumático para un modelo pesquero que ha demostrado ser sostenible durante décadas. Recordó que la captura de túnidos en Canarias se ha defendido históricamente como una actividad artesanal equilibrada y acusó a la pesca industrial de provocar daños irreparables en los ecosistemas.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, criticó la falta de diálogo y advirtió de que ninguna decisión que afecte a los recursos marinos debería adoptarse sin consultar a quienes viven del mar. En paralelo, Coalición Canaria, a través del senador Pedro San Ginés, ha llevado el asunto al Senado para exigir explicaciones al Gobierno de España sobre la tramitación del proyecto.

Posición autonómica

El Gobierno de Canarias ha expresado su oposición a que el cerco industrial y las jaulas de engorde se implanten en aguas del archipiélago, aunque mantiene su apoyo general a la acuicultura. No obstante, organizaciones ecologistas como ATAN han manifestado cierta desconfianza al recordar que representantes del Ejecutivo autonómico participaron en reuniones preparatorias del Ministerio previas a la presentación del proyecto ante ICCAT.

El conflicto se agrava en un contexto de caída de capturas para la flota artesanal, que atribuye esta situación a cambios en el ciclo migratorio del atún. Los pescadores reivindican apoyo institucional para mantener un modelo que consideran sostenible, pero temen que la entrada del cerco industrial suponga una competencia imposible de asumir y un deterioro irreparable del caladero. Mientras tanto, ICCAT y la industria atunera internacional presionan para ampliar los proyectos de engorde, un sector altamente rentable.

Un futuro incierto

Lo que está en juego es la definición del futuro marítimo de Canarias. La propuesta europea no solo plantea una prueba técnica, sino un cambio estructural en las reglas históricas de explotación de túnidos en las islas. Si se aprobara, transformaría la economía azul del archipiélago y alteraría ecosistemas especialmente sensibles. Si se rechaza, quedará pendiente el desafío de compatibilizar la rentabilidad pesquera con la conservación de un entorno marino que constituye un pilar de la identidad insular.

La polémica, ya convertida en debate, refleja la encrucijada de un territorio que defiende un modelo artesanal frente a la creciente presión global por industrializar los océanos. Las próximas decisiones de ICCAT, junto con el posicionamiento de Madrid, Bruselas y el Gobierno canario, serán determinantes para establecer qué modelo prevalecerá y qué forma adoptará el mar de Canarias en las próximas décadas.