Este viernes entra en vigor en la Unión Europea el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo muy polémico por su visión securitaria y de externalización de fronteras que cambiará algunos aspectos clave del control migratorio y la protección internacional en España.
Acordado en diciembre de 2023 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, su aplicación llega un día después del 'tirón de orejas' del papa León XIV en Canarias a Europa por su política migratoria, a la que reprochó que "no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios".
La implementación de esta ingente normativa -nueve reglamentos y una directiva- ha sido llevada con discreción por parte del Gobierno de España -o falta de transparencia, según las ONG- y llega al fin de plazo sin las reformas legislativas esperadas, como una nueva ley de asilo que sustituya a la actual, de 2009.
Aunque quedan algunos ajustes, estas son algunas de las novedades que entran en funcionamiento este viernes, según han confirmado a Efe fuentes ministeriales.
Un exhaustivo triaje para las llegadas
El pacto introduce un exhaustivo proceso de triaje migratorio común en toda la UE para los nacionales de terceros países que llegan a la frontera sin permiso de entrada, como las personas que arriban en cayuco a Canarias.
Este incluye un reconocimiento médico preliminar, un examen de vulnerabilidades como las víctimas de trata, una labor de identificación, registro de datos biométricos, el cumplimiento de un formulario y la derivación al procedimiento de protección internacional o al de retorno.
Mientras dure el proceso, realizado por Policía Nacional, el migrante no podrá recibir autorización de entrada en el territorio y deberá permanecer a disposición de las autoridades. El pacto habilita a que este triaje pueda durar hasta 7 días pero, en el caso de España, se mantiene el plazo actual de 72 horas.
Además, se pondrá en marcha un mecanismo de monitorización del respeto de los derechos fundamentales por parte del Defensor del Pueblo.
Recogida masiva de datos, también a los niños
Uno de los puntos más criticados del pacto es la recogida de datos biométricos en ese triaje, que se amplía significativamente al pasar del mero registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y digitalización de la documentación, si la hay.
Otra de las novedades que más han encendido las alarmas es que se rebaja la edad de los migrantes a los que se les recaba estos datos: Antes era a mayores de 14 años y ahora se aplicará a todos los que superen los 6.
El objetivo es compartir esta información no solo con las bases nacionales de Policía Nacional y Guardia Civil, sino con todos los Estados miembros a través de una nueva base de datos que ya no solo será aplicable a solicitantes de asilo, sino que contendrá información de todas las personas llegadas de forma irregular a Europa.
12 semanas para resolver en asilo en frontera
Otras novedades del pacto tienen que ver con el asilo, para el que se establecen tres procedimientos: de frontera, que se resolverá en 12 semanas incluida la revisión judicial si la hay; el examen acelerado, en tres meses, y el examen estándar, de seis.
En cuanto al de frontera, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio mientras se resuelve y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
Procedimiento acelerado de 3 meses para algunos casos
El procedimiento acelerado se aplica en ciertos casos, como personas de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de la Unión Europea o de un Estado considerado "seguro" por la UE, como Colombia o Marruecos.
Muchas ONG ven aquí riesgos de que no se realice un análisis individualizado con las debidas garantías, aunque desde el Gobierno aseguran que se estudiará caso a caso.
Para el procedimiento general, se acortan los plazos: desde que la persona manifiesta su deseo de pedir protección internacional, en 5 días la petición tiene que estar registrada y en otros 21 días, formalizada, cuando hasta ahora no había plazos concretos para este paso.
En todos los casos, la denegación de la solicitud conllevará la denegación de entrada o devolución, aunque en la práctica muchas veces es difícil ejecutar estas órdenes por cuestiones como la falta de acuerdos con países de origen.
Con la entrada en vigor de este pacto, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos.
Se mantiene la red estatal de acogida para migrantes
En cuanto a la red de acogida de los migrantes que llegan de forma irregular a España y los solicitantes de asilo, el Gobierno ha garantizado que mantendrá su capacidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición sus centros para el procedimiento fronterizo de protección internacional, con unas 10.000 plazas, y actualizará el reglamento que regula el sistema de acogida, modificación que ya se encuentra en fase de consulta pública.
Una solidaridad obligatoria que beneficiará a España
El paquete normativo incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que obliga a los Estados a compartir la responsabilidad de acoger entre todos a los refugiados llegados a cualquier territorio de la UE, pero permite a los países ser liberados de acoger su cuota si realizan una contribución financiera.
Dentro de este sistema, España ha sido identificada como 'Estado miembro bajo presión migratoria' y, por lo tanto, susceptible de ser beneficiaria con medidas que se concretarán en próximas reuniones.
No a los centros de retorno en terceros países
Dentro del margen que da el Pacto Europeo de Migración y Asilo, España ha sido tajante al rechazar algunas de las medidas más restrictivas hacia las que caminan muchos otros países miembros, como la creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea, por tener "serias dudas" sobre su "legalidad y proporcionalidad".