Fernando Clavijo, presidente de Canarias. /EFE/Alberto Valdés
Fernando Clavijo, presidente de Canarias. /EFE/Alberto Valdés

Clavijo: la Ley de Gobierno Abierto incluye transparencia y participación ciudadana

Según el Gobierno canario, las leyes de transparencia y participación ciudadana, de 2010 y 2014, han quedado obsoletas en el tiempo, “no solo por los avances tecnológicos, sino también porque la sociedad ha cambiado”.

AtlanticoHoy / EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que la futura Ley de Gobierno Abierto incluye transparencia y participación ciudadana y va a facilitar una relación fluida con los ciudadanos para que puedan ver una administración abierta y amable, "que acompañe y ayude”.

Clavijo ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las jornadas informativas sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que organiza la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y que congregó a 250 personas en el salón de actos de Presidencia del Gobierno en Tenerife.

Ha agradecido las aportaciones recibidas por la ciudadanía y colectivos para “enriquecer” el futuro marco normativo de la nueva Ley de Gobierno Abierto.

Leyes obsoletas

La consejera Nieves Lady Barreto, ha explicado que las leyes de transparencia y participación ciudadana, de 2010 y 2014, han quedado obsoletas en el tiempo, “no solo por los avances tecnológicos, sino también porque la sociedad ha cambiado”.

Barreto ha reconocido que estas leyes fueron pioneras y abrieron un camino de relación la Administración, pero “ahora toca trabajar en unos índices de transparencia más exigentes y establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan”.

Borrador, antes de que acabe el año

“Con la nueva ley, nuestra relación con los ciudadanos será todavía más directa y conseguiremos que sea realmente una cogobernanza”, ha añadido.

La intención de la Consejería es tener el borrador definitivo antes de que acabe el año y abrir el trámite de audiencia pública para recibir alegaciones al texto final, que el Gobierno trasladará al Parlamento.