Comprar una casa con una palmera canaria en el patio puede parecer un puntazo, pero a veces se vuelve un quebradero de cabeza inesperado para los nuevos propietarios de la vivienda que, sin comerlo ni beberlo, se topan con una estricta regulación de mantenimiento de la planta que implica mucho trabajo y, sobre todo, mucho dinero.
Es el caso de Gerardo, un vecino de La Laguna (Tenerife) que explica a Atlántico Hoy que hace dos años adquirió con su hermano una vivienda con un ejemplar de Phoenix canariensis, palmera endémica de las islas considerada como símbolo vegetal de Canarias.
Picudo rojo
Hasta ahí, todo bien. Pero pronto se dio cuenta de que el mantenimiento de la planta iba a ser un engorro. La palmera que tiene, que para colmo es hembra y lo llena todo de dátiles, se tiene que quedar donde está y él tiene que costearlo todo. "Se trata de una especie protegida y no puedes talarla, tienes que podarla y gestionar de tu bolsillo el tratamiento de los restos de la poda, que sólo se pueden hacer en un sitio autorizado en el sur de Tenerife porque esta palmera es propensa a sufrir plagas de picudo rojo", explica gerardo a Atlántico Hoy.
Este vecino lagunero detalla que la poda, que ha de realizarse previa notificación y autorización del Cabildo de Tenerife, vale aproximadamente 200 euros y pagar a la empresa por llevarse los residuos al punto habilitado suele costarle entre 400 y 500. "La podamos entre dos y tres veces al año, como mínimo nos gastamos 1.500 euros y nosotros ni siquiera la plantamos aquí. Estamos obligados y ninguna administración nos apoya económicamente", cuenta.
Una "autopsia"
Además, si la palmera se muere por causas naturales, Gerardo detalla que las autoridades abrirían una investigación "casi como si fuera una autopsia". Los propietarios no pueden talar la palmera, pero tampoco pueden sencillamente llevarla a otro lugar. "Si yo quisiera donar la palmera y transplantarla, aparte de la autorización, tendría que costear yo mismo toda la operación", explica Gerardo a este respecto.
Toda esta protección se debe a que la palmera canaria es una planta con gran importancia cultural y natural en las islas, lo que hace que su cuidado esté sometido a un marco normativo específico que afecta tanto a su poda como a la gestión de los residuos que se generan. En Tenerife, la responsabilidad y las competencias varían en función de si la palmera se encuentra en un espacio público o privado, pero en ambos casos existen obligaciones muy claras.
Cuando la palmera está en suelo público, la poda depende del ayuntamiento correspondiente, que debe garantizar que se realiza en los periodos adecuados y con personal autorizado. En el caso de palmeras situadas en jardines particulares o en comunidades de vecinos, la responsabilidad recae en el propietario.
Permiso
Sin embargo, este no puede actuar de forma independiente, ya que para cualquier intervención es obligatorio solicitar autorización al Cabildo de Tenerife, a través del área de Biodiversidad y Protección del Medio Natural. Además, la poda solo puede realizarse por empresas o profesionales acreditados por el Gobierno de Canarias, lo que asegura que se aplican las técnicas correctas y que se cumplen los protocolos de seguridad fitosanitaria.
La regulación especial sobre el tratamiento de los restos se debe principalmente a la amenaza del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), una plaga que afecta de manera grave a las palmeras y cuya expansión se intenta contener mediante medidas estrictas. Por esta razón no está permitido realizar podas sin control administrativo, ni trasladar libremente restos de palmera. También existen limitaciones en cuanto al movimiento y trasplante de ejemplares, que deben contar con autorizaciones específicas y, en determinados casos, con tratamientos previos para garantizar que no se transporta la plaga de un lugar a otro.
Uno de los aspectos más delicados es la gestión de los residuos. A diferencia de otros restos de poda de jardín, los de palmera no pueden depositarse en contenedores municipales ni en los puntos limpios cualquiera. El riesgo de que ramas, hojas o cogollos puedan albergar larvas de picudo obliga a un tratamiento diferenciado. Por ello, los residuos deben ser gestionados por empresas acreditadas, que se encargan de transportarlos hasta instalaciones autorizadas donde se garantiza su correcta eliminación o tratamiento.