Tres altos cargos de una empresa con sedes en Tenerife y Gran Canaria han sido condenados por el Tribunal Supremo por delitos de abuso sexual y acoso laboral cometidos contra dos trabajadoras, en un caso que revela un patrón de trato vejatorio y abuso de poder jerárquico sostenido en el tiempo.
La sentencia, ya firme, impone penas de cárcel que oscilan entre los 8 meses y el año y ocho meses. Además, los condenados deberán indemnizar con hasta 15.000 euros a las víctimas, por los daños causados.
Trato humillante y control obsesivo
El Supremo considera probado que un matrimonio de directivos en la sede de Gran Canaria ejerció un control autoritario y humillante sobre las empleadas, que incluye desde el lugar donde debían desayunar o comer, hasta la obligación de enviar mensajes de buenos días a las 7:55 horas, cinco minutos antes de fichar, y responder a otro mensaje entre las 22:00 y las 23:00 horas.
Cada mañana, el delegado entraba en la oficina dando golpes con las manos y gritando “¡Vamos a reventar!”, una expresión que todos debían repetir, según recoge el fallo judicial. A una de las empleadas le dirigía expresiones ofensivas dentro de su despacho, mientras que a la otra le realizaba frecuentes insinuaciones sexuales y llamadas con comentarios inapropiados.
Condenas y reparaciones económicas
El Tribunal Supremo impone a la directiva ocho meses de prisión por acoso laboral, mientras que uno de los directivos ha sido condenado a un año por acoso laboral y un año y siete meses por dos delitos de abuso sexual. Al otro, un año y ocho meses por abuso sexual.
Las indemnizaciones ordenadas por el alto tribunal incluyen el pago de 15.000 euros por parte del matrimonio de Gran Canaria a cada trabajadora, y 6.000 y 3.000 euros por parte del otro directivo en Tenerife. Los tres han sido absueltos del delito de odio.
Abuso de poder
La sentencia del Supremo subraya que los condenados “se valieron de su posición jerárquica” para menoscabar la integridad psíquica de las trabajadoras, creando un ambiente laboral tóxico basado en la intimidación, la humillación y, en uno de los casos, el acoso sexual reiterado.
El caso ha generado una fuerte repercusión social por el grado de control y vejación impuesto por los responsables y refuerza la necesidad de aplicar protocolos reales de protección en el entorno laboral frente al acoso y el abuso de poder.